Los estudiantes españoles y miles
de ciudadanos solidarizados con la causa se tomaron durante 48 horas las calles
de 40 ciudades españolas para manifestar su rechazo a la nueva reforma
educacional, que bajo la premisa de homologar los estudios universitarios con
el resto de Europa, es un empuje más del actual gobierno hacia la privatización
y elitización de la educación.
El Ciudadano cl. / Hoy 15:02
Primero
fue el Plan Bolonia y ahora es el Decreto 3+2. Las
artimañas de los gobiernos españoles para enmascarar la progresiva
privatización de la educación universitaria siguen caldeando el ambiente en el
país, en el marco de las inminentes elecciones generales que prometen acabar
con el bipartidismo actual y la irrupción de Podemos en el panorama político.Tras las 48 horas de huelga culminadas ayer, en las que miles de estudiantes de enseñanzas medias y superiores se tomaron las calles de más de 40 ciudades del país, al grito de ‘No a la privatización, ‘Quien siembra la miseria recoge la rabia’ y ‘Universidad pública y de calidad’, el movimiento estudiantil universitario presentó la convocatoria del Referéndum sobre la reforma que pretende llevar a cabo el Ministro de Educación, Ignacio Wert.
Convocados a las urnas -que se instalarán en las facultades de la Universidad Complutense de Madrid- para los días 10, 11 y 12 de marzo, el objeto es conocer la opinión de los estudiantes sobre la implantación de esta reforma, que busca acortar la duración de las carreras a 3 años e incrementar a dos cursos los másters, lo que duplicará su costo ( entre 5.400 y 14.000 euros).
Entre las consecuencias que tendría el ‘decretazo’ se vislumbra, por un lado, el aumento de beneficios para las entidades bancarias con el endeudamiento de los alumnos y familias que se verían obligados a solicitar créditos, y el de las universidades privadas, que se están especializando en el negocio de los postgrados.
En cuanto a las carreras, estas se verán devaluadas, obligando a los estudiantes a la realización ‘obligatoria’ del máster para tener el reconocimiento y preparación necesarios que sí tendrán aquellos con los recursos necesarios para costeárselo, en un proceso que ya no estaría financiado de forma pública.
En Madrid, los estudiantes contaron con el apoyo de los partidos políticos de Podemos e Izquierda Unida, de Comisiones Obreras (CCOO), de sindicatos de trabajadores – Coca-cola en lucha, Telemadrid, los despedidos de la Universidad Politécnica de Madrid, entre otros- y de miles de ciudadanos solidarizados con la causa.
Bajo el lema “obreros y estudiantes, unidos adelante”, la marcha culminó con un comunicado de la secretaria del Sindicato de Estudiantes, Ana García, que aseguró que “lo que hay detrás de todo esto es el modelo social del PP (Partido Popular, ahora en el gobierno): el franquismo. El modelo en el que unos cuantos viven, a costa de que los demás no tengamos nada”.
Ana animó a los jóvenes a movilizarse en la siguiente huelga convocada en marzo si el ministro no rectifica: “No estamos solos. Sí se puede compañeros”.
Del fracaso del Plan Bolonia al Decretazo 3+2
Con la premisa de homologar los estudios universitarios españoles a los europeos, primero fue el Plan Bolonia, el que, tras infructuosos meses de protesta, fue instaurado sin éxito -no se ha realizado siquiera una evaluación de su implementación- en el sistema universitario.
En un primer paso hacia la privatización, el Plan Bolonia llegó en 2010 y eliminó la brecha entre diplomaturas (que duraban 3 años) y licenciaturas (que duraban 5), para aunarlas en lo que se denominó -se denomina- grados, con una duración de 4 años.
Así, subdividió la enseñanza en tres niveles; grados, máster (1 año o 2) y doctorado (4 años más) y estableció la promesa de la formación de un alumno que pasaría de ser pasivo a activo, estando obligado a asistir a clase y a participar activamente en las tareas, con un profesor que sería “la sombra del alumno”, con mayores tutorías y seguimiento personal, lo que no obstante es difícil implementar en un sistema público en el que el número de alumnos por clase ronda la centena.
Eso sí, los beneficios de otros países europeos no fueron copiados, o fueron obviados, porque entonces, como ahora, no había “recursos”, o eso decían -dicen- las autoridades.
Y es que parece que las autoridades españolas se olvidan de que en aquellos países europeos en los que tanto les gusta mirarse al espejo la educación es en una gran parte gratuita; tal es el caso de países como Austria, Finlandia o Escocia, o de Francia, donde hay una tasa fija de 183 euros.
Ahora, el decretazo 3+2 pretender seguir la misma vía de privatización, convirtiendo la universidad en un privilegio para las élites, lo que se concretará en la eliminación de ciertas carreras, la devaluación de las que sobrevivan y el despido masivo de profesores como eventual consecuencia de una rebaja del número de estudiantes universitarios.
Según datos del Observatorio del Sistema Universitario, recogidos por el CuartoPoder, los recursos destinados a la educación pública se han reducido 1.523 millones en los últimos 4 años; el gasto medio por alumno ha bajado un 25,2% y las tasas han subido hasta tres y cuatro veces más de lo que costaba en 2007.
Asimismo, el medio recuerda que actualmente han sido expulsados 45.000 estudiantes de la universidad por el aumento de tasas y la reducción de becas y que actualmente solo el 7% de los estudiantes realiza un máster.
Como fuere, si algo queda patente tras estas 48 horas es que los estudiantes españoles no están dispuestos a que les arrebaten la educación pública en el transcurso de la empresa privatizadora iniciada por el actual gobierno, que por diversos flancos parece querer acabar con lo único con lo que los ciudadanos españoles se sentían dignos y soberanos: La educación y la sanidad públicas y de calidad.
Fuente: El Ciudadano cl.
