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miércoles, 18 de marzo de 2015

Justicia cita a declarar a directorio de ASSE por caso de Alfredo Silva



Fue suspendido por cinco años de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.
La exministra de Salud Pública Susana Muñiz y los integrantes del directorio de ASSE que compartieron la gestión con el sindicalista Alfredo Silva, procesado por corrupción, deberán declarar la semana que viene ante la justicia de Crimen Organizado, dijeron a El País fuentes judiciales.
El País.com.uy / Valeria Gil / Natalia Roba - mié mar 18 2015
La citación abarca a la presidenta del directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Beatriz Silva, futura directora general de Secretaría del Ministerio de Salud. También está citado el vicepresidente de ASSE, Enrique Soto, el representante de los usuarios Wilfredo López, y al primer presidente de ASSE en el gobierno de José Mujica, Mario Córdoba.
A pedido del fiscal Gilberto Rodríguez, los jerarcas del gobierno de Mujica declararán como testigos.
El fiscal había pedido las citaciones del directorio de ASSE y de la exministra Muñiz al juez Néstor Valetti cuando este procesó a Silva en julio del año pasado.
Silva fue procesado sin prisión por un delito de conjunción del interés personal y del público junto a Heber Tejeira, otro sindicalista de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), que fue liberado el miércoles 11.
En su caso también se le imputó cohecho, luego de que se probara que pidió coimas a particulares que se encargaban de la limpieza de algunos hospitales.
En el caso de Silva se probó que como jerarca de ASSE se interesó en beneficiar a algunas empresas, entre ellas Buena Estrella, según el testimonio de una decena de indagados. Uno de los testimonios clave fue el de su adjunto, quien admitió que algunas empresas gozaban de trato preferencial.
Aunque en ese momento el fiscal había pedido el procesamiento de Silva con prisión, el juez entendió que no correspondía porque se trataba de un primario y porque el delito que se le imputó no es grave.
El fiscal solicitó entonces que declarara Muñiz, quien ocupaba el cargo de directora del interior de ASSE cuando se efectuaron las contrataciones. En el expediente figura un correo electrónico, en el que Muñiz, como coordinadora de los hospitales del interior de ASSE, recomendó la contratación de la cooperativa Buena Estrella. El fiscal la interrogará para conocer su grado de participación en el caso Silva.
Por este mail, la ministra fue interpelada en el Parlamento, en julio de 2014. En esa oportunidad, la oposición exigió con insistencia la renuncia de la ministra Muñiz, pero la bancada del Frente Amplio la respaldó.
Hace pocas semanas, Muñiz fue anunciada como la próxima presidenta del directorio de ASSE, aunque la venia para que asuma el cargo aún no fue enviada al Parlamento por el presidente Tabaré Vázquez.
Testigos.
Fuentes judiciales dijeron que quien llevará a cabo la audiencia será el fiscal Gilberto Rodríguez, ya que el juez Valetti estará de licencia.
Si bien el expediente está en el Tribunal de Apelaciones, porque Silva y algunos de los empresarios apelaron el procesamiento, el juez Valetti formó "un testimonio" (una fotocopia del expediente) para poder avanzar en el caso y realizar las citaciones pedidas por el fiscal.
Antes de concretar las citaciones, el juez le solicitó al fiscal que aclarara en calidad de qué los citaba y Rodríguez especificó que era en calidad de testigos. Luego hubo que enviar un oficio al BPS para solicitar que se informara del listado de todos los integrantes del directorio de ASSE que compartieron el cargo con Silva.
La Justicia probó dos tipos de maniobras delictivas. Por un lado, presiones por parte de Silva y Tejeira a los mandos medios de centros de salud públicos para que contrataran a Buena Estrella, una cooperativa que brindaba servicios de limpieza y seguridad y que sobrefacturó más de US$ 100.000 entre 2010 y 2011 en el hospital Maciel.
Por otro, Tejeira cobró coimas a particulares para que ASSE agilizara los pagos a otras cuatro empresas que habían sido contratadas en otros hospitales. El prestador estatal de salud paga cada 90 días a las empresas contratadas y Tejeira lograba adelantar los cobros. Para ello, se comunicaba con el adjunto de Silva y la secretaria del contador de ASSE.
Hace dos semanas un tribunal de apelaciones le otorgó a Tejeira la libertad condicional que el juez le había negado.
“PRESIONES”
Sindicalista indagado por otras denuncias.
El juez del Crimen Organizado Néstor Valetti y el fiscal Gilberto Rodríguez indagan a Alfredo Silva por otros delitos que fueron denunciados cuando fue procesado. Se trata de directores de hospitales que denunciaron a Silva por presiones y amenazas.
La dependencia policial de Crimen Organizado interrogó a las personas que lo denunciaron y, según pudo saber El País, en algunos casos obtuvo pruebas que lo incriminan. Sobre esa denuncia el juez y el fiscal deberán pronunciarse y es probable que vuelvan a interrogar a Silva.
Amenazas. En mayo de 2013, en una nota enviada al directorio de ASSE, directores de hospitales y policlínicas de la región Oeste se manifestaron “cansados” de los “permanentes destratos” y conducta “irrespetuosa” de Silva.
Los denunciantes señalaron que durante una recorrida que realizó por la región Oeste, Silva comenzó su discurso de manera “muy agresiva” y se refirió “despectivamente” a “todos los directores”.
“En un momento cuando dice que el tomógrafo del Hospital de Flores está improductivo, la directora le respondió ‘improductivo no’ y esto fue suficiente para que gritara, insultara y se retirara de la reunión”, señalaron participantes de ese encuentro, que decidieron elevar la denuncia a ASSE.
Fuente: El País.com.uy

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jueves, 4 de septiembre de 2014

La tortura persiste en México y es tolerada por autoridades



LA DOMINACION Y EL PODER

La tortura persiste en México y es tolerada por autoridades

Amnistía Internacional presenta hoy su informe. Los exámenes para determinar ese delito incumplen normas, señala

Periódico La Jornada Emir Olivares Alonso Jueves 4 de septiembre de 2014, p. 8

La tortura sigue siendo práctica generalizada en la actuación de fuerzas policiacas, militares y de seguridad en México. Pese a ello, es habitual que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, agentes del Ministerio Público, jueces y algunas comisiones de derechos humanos justifiquen, toleren o hagan caso omiso de este delito, afirma Amnistía Internacional (AI).
En su informe Tortura y otros malos tratos, que presentará este jueves en la ciudad de México y del que La Jornada tiene copia, el organismo internacional documenta la actuación de las corporaciones de seguridad del país y los tipos de tortura en que incurren contra víctimas por lo general de sectores vulnerables, como indígenas, migrantes, mujeres y menores de edad.
Agrega que la tortura se usa a menudo para obtener confesiones y testimonios que sirven de prueba para enjuiciar a personas que podrían o no estar implicadas en un delito, lo que se traduce en juicios y condenas dudosas y envía a prisión a muchos inocentes.
En el informe, AI hace enfásis en la falta de castigo para quienes aplican la tortura y otros malos tratos. El resultado es una impunidad casi total para los autores de abusos y un auténtico temor entre la población a que cualquier detención pueda desembocar en torturas.
Señala que entre 2010 y 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 7 mil 164 quejas por tortura, pero ninguna terminó en una condena por ese delito.
Además, datos de enero de 2014 del Consejo de la Judicatura Federal revelan que entre 2005 y 2013 los tribunales federales atendieron 123 enjuiciamientos por esa práctica y sólo siete culminaron en condenas, mientras que en el fuero estatal, hasta 2013 sólo se habían registrado cinco condenas por tortura.
De acuerdo con las cifras de la CNDH, destaca AI, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto las quejas por tortura son menos que las presentadas en el último año de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa: mil 505 en 2013 y 2 mil 114 en 2012. Aunque el número de recomendaciones que confirman ese delito es mayor: 13 en el primer año de Peña Nieto y 11 en el último de Calderón.
Para la elaboración del informe, AI se basó en una serie de entrevistas con personas que han sido víctimas y sobrevivientes de tortura y malos tratos en años recientes, que se presentan en el documento: “Te acostaban y, tirado, te golpeaban, y después te agarraban entre tres: uno te echaba el tehuacanazo en las narices”, relató a AI Juan Gerardo Sánchez.
Un migrante hondureño indocumentado narró su experiencia con la policía municipal de Saltillo, Coahuila, en su tránsito por México: “Ya adentro me decían que me iban a matar, que era un ‘pinche migrante’ por el que nadie se iba a preocupar. Me metieron agua mineral por la nariz, me amarraron con cinta adhesiva manos y pies. Me dieron golpes en estómago y pecho, me asfixiaban con una bolsa en la cabeza y me exigían que les dijera quién me vendía la droga. Yo no sabía de qué me hablaban”.
Algunos métodos de tortura usados en México que documenta AI son: golpes con puños, botas, culatas de fusiles y palos; introducción de agua gasificada o chile por la nariz; amenazas de muerte y de desaparición forzada; descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo; simulacros de ejecución; semi asfixia; posturas de tensión, violación y otras formas de violencia sexual –en particular contra las mujeres–, así como amenazas contra familiares de los detenidos.
Entre las conclusiones del informe AI señala que las autoridades mexicanas de todos los niveles de gobierno siguen tolerando el uso generalizado de esta práctica, aun cuando existe una legislación relativamente rigurosa para su prevención y castigo; que los informes sobre tortura y otros malos tratos en el país aumentaron a partir de 2006, cuando se emprendió la estrategia gubernamental contra el crimen organizado, y que en 2013 hubo 600 por ciento más denuncias por este delito ante la CNDH que en 2003.
AI agrega que las detenciones arbitrarias y el uso de pruebas falsas suelen estar estrechamente ligados al uso de la tortura y otros malos tratos, además de que los exámenes médicos aplicados a las víctimas para investigar la tortura no cumplen las normas internacionales.