Por Carlos Pagni | LA NACION - Jueves 16 de abril de 2015 | Publicado en
edición impresa
Hay un rasgo constitutivo del kirchnerismo: su relación con el tiempo. Como
toda variante populista, sacraliza el presente e ignora lo que está por venir.
La predilección por el consumo en detrimento del ahorro, o el menosprecio por
la inversión en favor del gasto, son sólo algunas manifestaciones de esa escala
de valores. Hay un campo, sin embargo, en el que esta regla no se verifica: la
política judicial. La prevención frente a lo que pueda ocurrir en los
tribunales inspira en Cristina Kirchner una inesperada obsesión frente al
mañana. Es una inquietud que desborda la función pública y se infiltra en el
terreno familiar. Ella teme que Máximo, su hijo, atraviese alguna desagradable
peripecia por las investigaciones sobre la desprolija economía familiar. Es
imposible entender la conducta del Gobierno si se deja de lado esta
preocupación: su hiperactividad institucional es un intento desesperado por
modelar el futuro.
En esta batalla por la seguridad jurídica del propio clan, la Presidenta
sufrió anteayer una derrota. En cinco líneas, los ministros de la Corte Suprema
de Justicia Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda,
rechazaron el recurso extraordinario que había planteado el ex juez Juan José
Galeano para que no se reabriera una causa en la que había sido sobreseído por
el ex juez Gabriel Cavallo. A Galeano se lo había acusado de pagar 400.000
dólares a Carlos Telleldín, para que modifique una declaración sobre el destino
de la camioneta que se habría utilizado para la voladura de la AMIA. Galeano
será juzgado de nuevo.
Con su pronunciamiento, la Corte tomó posición en un debate con
consecuencias inquietantes. Convalidó la doctrina de la cosa juzgada
fraudulenta o írrita. Esa teoría sostiene que los procesos penales que se
declararon concluidos pueden reabrirse si se demuestra que el juez no tuvo
voluntad o fue impedido de investigar. En el contexto actual, la discusión abre
interrogantes muy concretos. Por ejemplo, ¿la señora de
Kirchner podría ser enjuiciada de nuevo por enriquecimiento ilícito? Ella, igual que
su esposo, fue absuelta por Norberto Oyarbide de ese delito. Ambos habían sido
acusados porque, entre 2003 y 2009, multiplicaron su patrimonio en un 572 por
ciento. Sin embargo, Oyarbide cerró la causa con extraordinaria rapidez, considerando
la opinión del cuerpo contable de la Corte y de un perito ofrecido por los
Kirchner: su propio contador.
El juez Julián Ercolini también había sobreseído a los Kirchner por la
misma falta. El fiscal, Eduardo Taiano, no apeló el pronunciamiento porque,
según trascendió, habrían secuestrado a su hijo para que no lo hiciera. Hay más
ejemplos: Claudio Bonadio sobreseyó a los secretarios privados de la
Presidenta, que se enriquecieron más de 60 veces en sólo cinco años. Y el
fiscal Guillermo Marijuan no pidió que se revise la sentencia.
Es comprensible que alguien tan acostumbrado a la clemencia como Cristina
Kirchner, ante la primera pregunta incómoda, denuncie la formación de un
partido judicial. Ayer, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo
Farah confirmaron el procesamiento de los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi,
acusados de proteger a Lázaro Báez, presunto testaferro de la familia
presidencial a quien se investiga por la sospecha de lavado de dinero. Gonella
y Orsi pertenecen a Justicia Legítima, la agrupación de miembros del Poder
Judicial adictos al Poder Ejecutivo.
El cambio de vida de los funcionarios ha sido tan asombroso que modificó su
noción de precios y valores. Sin ir más lejos, la señora de Kirchner se
vanaglorió anteayer de que la tarjeta Argenta, con la que su gobierno subsidia
el consumo popular, incluya a una de las peleterías más lujosas de Buenos
Aires, Charles Calfún, de la que ella misma es desde hace años apreciadísima
clienta. Estos desatinos estimulan a quienes pretenden que se revisen las
fuentes de tanta prosperidad individual. Pero esa aspiración opaca causas más
relevantes: ¿podría revertirse en el futuro la decisión del juez Daniel
Rafecas, convalidada por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, de
no investigar la denuncia por encubrimiento de los criminales de la AMIA, que
formuló contra Cristina Kirchner el fiscal Alberto Nisman? Es una incógnita
prematura. Hay que esperar a que se pronuncie el fiscal de Casación Javier de
Luca, a quien llegará la apelación de su colega Germán Moldes. Según Moldes, la
Cámara demoró el envío para que el caso le tocara a De Luca, otro militante de
Justicia Legítima. Moldes, y tal vez los camaristas, presumen que De Luca es
otro Gonella.
La doctrina de la cosa juzgada írrita ha sido muy debatida en los últimos
meses. Una de las razones fue la publicación del libro del penalista Federico
Morgenstern, Cosa juzgada fraudulenta. Morgenstern defiende la
posibilidad de que se vuelva a tratar un expediente cuando se demuestra que fue
cerrado al cabo de un "juicio farsesco".
La sanción del nuevo Código de Procedimientos agitó más la discusión. El
kirchnerismo logró que se establezca, en el artículo 5, que sólo se puede
revisar una sentencia definitiva si es a favor del condenado. Durante el
tratamiento parlamentario de la reforma, Juan Martín Mena, entonces
subsecretario de Política Criminal y ahora de la ex SIDE, defendió la cláusula
porque "es muy peligroso que los procesos terminados puedan
reabrirse". En cambio, el camarista de Casación Mariano Borinsky apuntó
que la advertencia es redundante, porque el Código actual ya la garantiza.
Según Borinsky, el artículo induce a una mala interpretación: que no pueda
juzgarse por segunda vez un caso que fue saldado mediante un fraude. El senador
Ernesto Sanz y las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso se alinearon con
esta posición.
Los juristas cercanos al Gobierno creen que sólo debería aceptarse el
criterio de la cosa juzgada fraudulenta en causas de derechos humanos.
Morgenstern los objeta recordando que la Corte Interamericana ordenó que se
vuelva a investigar el asesinato del policía Jorge Gutiérrez, que perseguía a
los delincuentes de la "aduana paralela". El CELS, una organización
kirchnerista, abogó por reabrir la causa, basándose, entre otras razones, en un
peritaje de Alejandro Rua, entusiasta defensor de funcionarios.
De cinco a nueve
El riesgo que supone la tesis habilitada por la Corte agrega urgencia a la
principal gestión que Carlos Zannini lleva a cabo en estos días: la ampliación
del número de miembros de la Corte, de cinco a nueve. Aníbal Fernández dijo que
no se estaba considerando esa posibilidad. Hizo bien. La divulgación prematura
frustraría la iniciativa.
Zannini pretende abrir la discusión después de octubre, cuando se sepa
quién será el próximo presidente. Presume que el nuevo mandatario estará
interesado en contar con juristas de confianza en el máximo tribunal. Por lo
tanto, convalidaría una ley para cambiar la composición. El segundo paso sería
pactar la designación de los nuevos magistrados. Zannini calcula que,
presionando más a Carlos Fayt, se podrían poner sobre la mesa seis butacas.
El modo de repartirlas es todavía brumoso. El kirchnerismo pretende dos
lugares. El peronismo federal, otros dos. Es un actor clave: Zannini negocia
que ese bloque habilite los dos tercios necesarios para las designaciones. Cree
que una forma de sumarlo es garantizar a Adolfo Rodríguez Saá una sentencia
favorable a San Luis en la querella por la coparticipación. Las otras dos
posiciones serían ofrecidas a quien gane las elecciones.
El kirchnerismo no consiguió ayer el número para designar a Roberto Carlés
en la Corte. Pero tampoco retiró el pliego. Tal vez pretenda relanzarlo en
octubre. Carlés sigue siendo promovido como "el juez del Papa". La
caracterización se debe a un malentendido. Este abogado se acercó a Jorge
Bergoglio de la mano de una amiga común, la fallecida Alicia Oliveira. Francisco
vio con buenos ojos a Carlés. Pero todo cambió cuando advirtió que, como buen
discípulo de Raúl Zaffaroni, el abogado estaba a favor de la despenalización
del aborto. Pícaros, los kirchneristas insisten: "A Carlés lo mandaron
desde Roma".
El verdadero candidato de la Casa Rosada para ocupar la Corte es otro: el
propio Zannini. Originalidad cero. En Santa Cruz, este cordobés empezó siendo
ministro de Kirchner y, en 1999, fue transferido al Superior Tribunal, donde
ejerció la presidencia.
El Gobierno espera que la jugada de Zannini, hoy observada como un asalto a
la Justicia para garantizar la impunidad de la Presidenta y su familia, sea
vista en octubre como un pacto de gobernabilidad con el luminoso líder que
emerja de las urnas.
Siempre habrá otro modo de analizar los hechos. Por ejemplo, el 22 de
noviembre de 2006, la entonces senadora Cristina Kirchner se quejó de que el
Poder Judicial se hubiera administrado siempre "con un toma y daca".
Estaba defendiendo en el recinto de la Cámara alta su proyecto de reducción del
número de miembros de la Corte, de 9 a 5. Esa noche prometió: "Se cierra
un ciclo para este gobierno y para los que vengan, de cómo se deben manejar las
instituciones". En esa época todavía no pensaba en el futuro..
Fuente: La Nación.com.ar
