La historia secreta detrás del conflicto en el Hospital Español

EL ESTADO DE LAS COSAS Y LA SALUD

La historia secreta detrás del conflicto en el Hospital Español

La historia secreta detrás de la ocupación del Hospital Español incluye una pelea por la inauguración de más camas del CTI, un spot publicitario a favor de la gestión de ASSE y una interna sindical por el sillón que dejó libre el procesado Alfredo Silva.

El País / Carlos Tapia - jue oct 9 2014

Lo que enfureció al sindicato del Español fue la apertura de cuatro camas más en el CTI, sin que se contrate a más personal, pues sostiene que no tiene quién las atienda. A mediados de la semana pasada se reunieron en asamblea y decidieron que en el momento de la inauguración —a la que asistirían autoridades y que estaba planeada para la mañana del martes y no se hizo— iban a aplaudir en señal de protesta. Al enterarse de esto, el director del centro, Federico Eguren, llamó al presidente del gremio, César Pisciotano, a su despacho.
El líder sindical, que es enfermero, no llegó solo. Fue con Jorge Cardozo y Eduardo García, que también son del gremio y ambos trabajan en mantenimiento. Solo ellos estaban en la habitación cuando se dio la agresión que el sindicato denuncia, que Eguren y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) niegan y hoy está en manos de la Justicia.
Según relataron a El País Cardozo y García, el director del Español les pidió que no aplaudieran —como protesta— durante la inauguración de las camas de CTI. Los gremialistas le dijeron que estas no se podían inaugurar con el personal que había y se quejaron de que vieron cámaras filmando un spot publicitario en el hospital. Eguren, que adhiere a la lista 711 de Raúl Sendic —según confirmaron a El País desde ese sector del FA —, dijo que él podía hacer filmar en el lugar la publicidad que se le diera en gana, y que no tenía por qué pedirle permiso al sindicato.
A partir de allí, el clima se empezó a poner espeso. Y el tono de la conversación fue cada vez más fuerte. Pisciotano le reclamó a Eguren por carteles que el sindicato había puesto en el centro y que "un mercenario del director", en palabras de García, mandó sacar.
El líder sindical dijo que iba a solicitar al Ministerio del Interior que revise las cámaras de seguridad que hay en la fachada del centro, para ver quién fue el que retiró las pancartas. Ante esto, según Cardozo, "Eguren le dijo usted es un nabo, no sea bobo".
Luego, el director les pidió a Cardozo y García que lo dejaran solo con Pisciotano. Ellos se negaron y, según su relato, Eguren se levantó, tomó a García del brazo y lo acompañó hasta la puerta, mientras le gritaba a Cardozo para que se fuera. El líder sindical también se levantó para irse con sus compañeros. Según García, el director ahí intentó la primera agresión contra Pisciotano, pero no logró pegarle.

Al instante, empujó a García, que estaba en el medio, y le pegó "el puñetazo" a Pisciotano. Cardozo y García coinciden en que el golpe que denuncian le hizo volar los lentes al sindicalista, que cayó para atrás pegándose primero contra un escritorio para luego caer arriba de un sillón.

Tras esto entraron al despacho el asistente de dirección, Alejandro Casales, y el doctor Daniel Raggio. "Nos piden que levantemos a César y que lo sacáramos de ahí, pero les dijimos que no, queríamos que antes lo viera un médico", explicó García.
Cardozo, en tanto, sostuvo que Raggio se negó a atender a Pisciotano. "Hizo omisión de asistencia; solo se preocupó por tratar de impedir que García le sacara una foto a nuestro compañero tirado", advirtió. Los gremialistas coincidieron en que Casales y Raggio impidieron a la abogada del hospital constatar qué era lo que estaba sucediendo.
ASSE niega esta versión y advierte que jamás Eguren le levantó la mano a Pisciotano. El Ministro de Trabajo, José Bayardi, sostuvo que ya ha tenido acceso al informe forense, el cual sostiene que no hubo golpe al líder sindical. Sin embargo, fuentes judiciales advirtieron a El País que el informe forense aún no está listo.

Interna Sindical.

Luego del escándalo, el gremio del Hospital Español decidió, en la mañana del lunes, ocupar el centro. La medida se mantuvo hasta la tarde del martes, cuando el sindicato en asamblea —luego de que se decretara la esencialidad— decidió levantar la medida a cambio de que las camas de CTI no fueran inauguradas. De todos modos, advirtieron que seguían reclamando la renuncia de Eguren, la contratación de más personal y aumentos de los salarios.
Durante la ocupación, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) apoyó la medida, aunque, según supo El País, a regañadientes. Es que desde la semana pasada el sindicato liderado por Beatriz Fajián hace, junto al Pit-Cnt, campaña a favor del FA y contra la baja de la edad de imputabilidad. Una ocupación a veinte días de la elección no les parecía nada bueno. Tampoco esto le gustaba al gobierno. Y, según corroboró El País, desde el MPP pidieron a Fajián que destrabara el conflicto, cosa que, efectivamente, ocurrió pocas horas después.
"Incluso antes de la ocupación hubo presiones políticas desde el Pit-Cnt y de la Federación, para que esta no se llevara adelante", dijo Cardozo.
Fuentes de ASSE, en tanto, dijeron a El País que el conflicto no tiene que ver con las camas del CTI, ni con los supuestos carteles que Eguren habría hecho retirar, ni con el supuesto piñazo. La razón de la contienda es una interna que divide a Fajián y Cabrera de la otra ala de la FFSP, ocupada por miembros del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), de tendencia trotskista, al que adhiere Pisciotano. "Lo que él busca es quedarse con el lugar que ocupaba Alfredo Silva", sostuvo.

Eguren y Pisciotano en la mira

Federico Eguren estudió medicina en Cuba. Volvió a Uruguay y poco a poco fue avanzando en su carrera hasta ocupar el cargo de director del Hospital de Bella Unión. Sus colegas recuerdan su gestión como exitosa. "Se puso el hospital al hombro, fue espectacular", advierte el director de otro hospital capitalino. Este éxito lo llevó a que lo coloquen al frente del Español, que hoy para muchos es un hospital modelo. Hay quienes lo definen como "enérgico, muy trabajador, que a veces se enoja". Otros, en tanto, lo tachan lisa y llanamente de "violento".
César Pisciotano es enfermero, está al frente del sindicato del Español y lidera el ala trots-kista del FFSP. Quienes lo conocen dicen que sueña con ocupar el sillón que dejó libre el exdirector de ASSE, Alfredo Silva. El 8 de abril pasado fue recibido por la comisión de salud de Diputados. Allí sostuvo: "Hemos sido recibidos y escuchados; el problema es la respuesta: Usted tiene razón, pero marche preso; siga esperando porque no podemos solucionar ni las cosas más básicas".

http://www.elpais.com.uy/informacion/historia-secreta-detras-conflicto-hospital.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=La%20historia%20secreta%20detr%C3%A1s%20del%20conflicto%20en%20el%20Hospital%20Espa%C3%B1ol&utm_content=09102014&utm_campaign=Resumen%20Matutino

Para la Justicia, si una ocupación no deja trabajar a otros, es “ilegítima”

EL ESTADO DE LAS COSAS

Para la Justicia, si una ocupación no deja trabajar a otros, es “ilegítima”

Un tribunal de apelaciones obligó levantar una ocupación y a que el sindicato pague costos del juicio

El Observador /  01.10.2014, 05:00 hs

 Un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia de la Justicia que ordenó a trabajadores del Sunca a levantar en agosto en 24 horas la ocupación de la Planta Alur Bioetanol en Paysandú. Además el tribunal condenó al sindicato de la construcción en costas y costos, lo que significa que deberá hacerse cargo de todos los gastos del juicio.

El recurso de amparo fue presentado por trabajadores de la empresa Teyma encargada de parte de la obra de construcción de la planta que emplea a unos 400 obreros. Los trabajadores administrativos señalaron que no pueden ingresar a la planta a trabajar, ya que algunos obreros que se identifican como de la empresa Sacem les impiden el acceso. El piquete implementado por los trabajadores es en reclamo de un premio por productividad.

En agosto, el Juzgado Letrado en lo Civil de 1° Instancia de 6to. Turno de Paysandú acogió el recurso de amparo pero el Sunca apeló el fallo.

Según la sentencia a la que accedió El Observador,  el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5° turno señaló “la manifiesta ilegitimidad de la ocupación” porque fue “adoptada sin seguirse las pautas de la normativa reglamentaria aplicable (ni siquiera se invocó haber intentado seguirlas) y claramente afectó los derechos de terceros como los actores, al impedírseles ingresar o egresar de la obra donde deben cumplir tareas para otra empresa, distinta a la propietaria del lugar y a la que pertenecen los ocupantes”.

La postura del Sunca “parece legitimar toda ocupación por el solo hecho de existir y haber sido resuelta por trabajadores, lo cual en modo alguno puede compartirse, porque en nuestro régimen constitucional, los derechos de las personas tienen como límites los que pertenecen a los demás, y el derecho al trabajo de los actores merece tanta protección como el de los ocupantes”, expresó la sentencia del tribunal.

“Cuando los últimos ejercen el suyo impidiendo de modo absoluto que terceros como los actores determinen su conducta libremente y puedan también gozar de su derecho al trabajo, la ocupación deviene notoria o manifiestamente ilegítima, pues sobrepasa los límites propios de todo derecho, ubicados en la esfera perteneciente a los demás integrantes de la sociedad”, concluyó.

En cuánto a los trabajadores que presentaron el recurso de amparo, el tribunal expresó que están legitimados para plantearlo debido a que “se ven obstaculizados en el ejercicio de su libertad de trabajo, constitucionalmente garantizada”.

A su vez, el tribunal condenó en costas y costos al Sunca por mala conducta procesal porque negó ser responsable de la ocupación y poder obligar a los trabajadores a levantarla. La sentencia afirmó que el sindicato admitió ser la entidad que nuclea a los ocupantes desde el punto de vista gremial, quien ratificó el inicial acuerdo judicial incumplido (relativo a flexibilizar el piquete y permitir ingresos y egresos de los actores); además de haber actuado en todo momento, incluída la apelación, de acuerdo con su naturaleza de entidad defensora de los afiliados a ella”.

Por eso, a juicio del tribunal, “resulta contradictorio que el Sindicato pretenda carecer de legitimación por no poder obligarse por los afiliados ocupantes, cuando por ellos actuó”.

“Rechina al sentido común que el sindicato apelante pretenda expresar agravios, por un lado, y por otro, intente desligarse de los sucesos motivantes de la sentencia, cuando públicamente y en el proceso ha tenido intervención”, concluyó la sentencia.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/288861/para-la-justicia-si-una-ocupacion-no-deja-trabajar-a-otros-es-ilegitima/

Fallo critica "intolerancia" sindical en ocupación

EL ESTADO DE LAS COSAS

Fallo critica "intolerancia" sindical en ocupación

Un fallo ratificó una sentencia contra un piquete gremial en una planta de ALUR en Paysandú y cuestionó la medida, a la que calificó como “intempestiva”, a la vez que criticó la “intolerancia” de los sindicalistas que llevaron a cabo la acción.

El País / mié oct 1 2014

La Justicia confirmó, en segunda instancia, un fallo contrario a la ocupación y piquete sindical desarrollado en el mes de agosto por los trabajadores de una empresa constructora que trabaja en la planta de etanol de la empresa Alcoholes del Uruguay (ALUR) en el departamento de Paysandú.
La medida gremial fue adoptada por los trabajadores de la empresa Saceem, una de las constructoras contratadas para llevar a cabo la obra de la planta de etanol de ALUR (cuyo principal accionista es Ancap) que se inaugurará en breve.
Un grupo de obreros de otras empresas que se vieron afectados por la medida de los trabajadores de Saceem, recurrieron a la Justicia en reclamo de que se amparara su derecho a trabajar normalmente.
En primera instancia, la jueza de Paysandú, Magela Otero, hizo lugar al reclamo y ordenó levantar la ocupación y piquete, medidas que fueron apoyadas por el sindicato de la construcción (el Sunca).
El gremio recurrió la resolución, pero el Tribunal de Apelaciones Civil de 5° Turno confirmó el dictamen de la jueza Otero contra el piquete.
El fallo de la sala, que fue notificado a las partes el lunes 29 de septiembre, contiene varios cuestionamientos hacia el proceder gremial en el marco del conflicto.
La ocupación de autos fue adoptada de modo intempestivo y significativamente después de que se había acordado en la sede judicial que el piquete existente habilitaría el ingreso y egreso de los actores, radicalizando así el conflicto, y cerrando todo camino de entendimiento, lo cual evidencia la inexistencia de otros medios eficaces de protección, ya acreditada por las denuncias y actuaciones previas de los actores, infructíferas, dice el fallo al que accedió El País.
La secuela fáctica demuestra la intolerancia de los ocupantes, quienes perfectamente podrían haber ejercido su derecho con piquete u ocupación parcial, sin afectar los derechos de trabajadores de otras empresas también convocadas a la obra, agrega la resolución firmada por los magistrados Beatriz Fiorentino, María Esther Gradín y Luis María Simón.
La postura de los demandados parece legitimar toda ocupación por el solo hecho de existir y haber sido resuelta por trabajadores, lo cual en modo alguno puede compartirse, porque en nuestro régimen constitucional, los derechos de las personas tienen como límites los que pertenecen a los demás, y el derecho al trabajo de los actores merece tanta protección como el de los ocupantes, indica el fallo del Tribunal de Apelaciones Civil de 5° Turno.
Los magistrados señalan que cuando le medida gremial afecta los intereses de otros trabajadores que quieren cumplir con sus tareas de manera normal, la acción de lucha llevada a cabo deviene notoria o manifiestamente ilegítima, pues sobrepasa los límites propios de todo derecho, ubicados en la esfera perteneciente a los demás integrantes de la sociedad, sostiene la sentencia.

Planta criticada

El costo de la planta deetanol de ALUR en Paysandú, que ronda los US$ 140 millones, es cuestionado por el empresario uruguayo Gabriel Pérez Morgan, representante de una firma brasileña que no participó de la licitación, quien asegura que existe un importante sobreprecio.

http://www.elpais.com.uy/informacion/fallo-critica-intolerancia-sindical-ocupacion.html