Defender a la víctima, pero no de los empresarios

EL ESTADO DE LAS COSAS Y LOS ACCIDENTES

Defender a la víctima, pero no de los empresarios

Y menos aun si los empresarios tienen amigos y "compañeros de clase", en la Fuerza Aérea.

Estamos por el NO A LA BAJA DE LOS AVIONES, cuando se estrellan

"El que de cualquier manera realizara actos que engendraren peligro para la seguridad de una aeronave, aeródromo o aeropuerto, o pudiera detener o entorpecer la circulación aérea, será castigado con la pena de diez meses de prisión a seis años de penitenciaría".

En esta parte del Código Aeronáutico se apoya el fiscal Ariel Cancela para pedir el procesamiento de los dueños de la empresa Air Class por su responsabilidad en el accidente que ocurrió en junio de 2012 en aguas del Río de la Plata. Los cuerpos de los pilotos Walter Rigo y del copiloto Martín Riva jamás se encontraron.

La jueza Beatriz Larrieu (que sustituyó a Mariana Mota a la que la sacaron de este caso) cita ahora a los propietarios de la empresa, que hasta el momento ni pisaron el juzgado penal.

"La empresa -informa el diario El País- solicitó una opinión a un catedrático de Derecho Aeronáutico sobre al artículo 200 inciso 1, y éste señaló que dicha norma se refiere a un atentado encima de un avión o en un aeropuerto y no se trata sobre supuestas irregularidades en el mantenimiento de los aviones".

De cajón, a quién se puede ocurrir que una norma pensada para encarcelar terroristas pueda ser usada contra los empresarios. ¡Ni que los pilotos estuviesen afiliados al SUNCA!

“PIDEN PRISIÓN PARA DUEÑOS DE AIR CLASS POR ACCIDENTE: En un hecho inédito en la jurisprudencia uruguaya, un fiscal penal solicitó el procesamiento con prisión de los dueños de Air Class por el delito de peligro aviatorio”.(El País)

El contexto ideológico de "la baja"

En la campaña por la reforma constitucional por la rebaja de la edad de imputabilidad, sus voceros han dicho permanentemente que se trata de dar prioridad a "los derechos de las víctimas" y "no solamente a los derechos de los victimarios".

Ese es uno de los componentes más usuales del discurso neo-conservador que promueve la cultura del control social. ¡Qué tanto joder con los derechos humanos de los delincuentes! ¿Quién defiende a las víctimas, a la gente honesta que trabaja?

De hecho, incorporar la reparación al derecho penal es parte del pensamiento progresista en este terreno.

He señalado otras veces que no estoy de acuerdo en llamar "progresistas" a los actuales "socialdemócratas en retirada", los progresistas somos nosotros y en ese sentido uso el término, de un progresismo orientado al desarrollo humano, bien diferente al progresismo ingenuo del siglo XXIII.

Verdad-Justicia-Reparación. Ese es nuestro planteo. Se trata de una concepción centrada en la reparación y no en el castigo. Desde ese lugar tenemos que dar la lucha ideológica.

Tener en cuenta el derecho de las víctimas es centrarnos en la reparación. Nuestro orden jurídico tiene apenas algunos atisbos, algunos casos en que se enfoca en la reparación (en cosas de menor importancia en que se recurre a "tareas comunitarias") como un aspecto de la justicia penal, aunque eso es una especie de oxímoron, porque penal se refiere a la pena y no a la reparación

La campaña por el NO A LA BAJA no ha contemplado este aspecto del problema, como tantas otras cosas, encuadrada en la perspectiva de la socialdemocracia-en-retirada, que cede ante el discurso reaccionario.

Hablaríamos en todo caso de una "retirada in extremis", porque la socialdemocracia siempre está en retirada, pero estamos tratando de encontrar el concepto, es en ese caso una retirada que cede el terreno al que había llegado la vieja retirada.

En nuestra campaña, y en respuesta a los partidarios de la baja, deberíamos haber dicho:¡Qué tanto joder con las víctimas si esta reforma no tiene NI UNA PALABRA para atender a las víctimas!

Nuestra respuesta a la ofensiva neo-conservadora debe ser progresista en el sentido de apuntar a una sociedad más justa, y no el conservadurismo vergonzante ("pero si acá ya bajamos la edad de imputabilidad") e incoherente ("bajar la edad de imputabilidad no soluciona el problema sino que lo agrava").

Es por esto que pensamos que esa votación del 45% del SÍ, aun en la derrota de ellos, refleja más que nada el resultado de la estrategia conciliadora del oficialismo en el tema. Ha sido una batalla, pero la guerra sigue.

Porque el discurso "privilegiar a la víctima" quiere decir en este caso solamente que se espera que elendurecimiento de las penas por sí solo termine beneficiando a las víctimas por el descenso a largo plazo del delito, lo que no se demuestra que así sea.

En verdad, no hay en el abordaje neo-conservador ningún interés real en ocuparse de las víctimas, como no sea para utilizarlas para  sus propios fines.

Accidente, víctimas, responsables, derecho penal

Vamos entonces al tema del accidente aéreo de Air Class, que produjo dos víctimas mortales. Eran dos de esas "personas honestas que trabajan".

La investigación judicial, llevada adelante a pesar de las mil trabas puestas desde el poder, incluyendo el traslado de la jueza Mariana Mota que estaba inicialmente a cargo del caso (porque aunque no pudiese establecerse de antemano que su sucesora fuese a archivar el caso, el mensaje brutal que se daba de hecho era "cuidado con lo que hagas") llegó a pruebas contundentes que demuestran la responsabilidad criminal de los empresarios y de las autoridades que deberían haberlos controlado.

El informe de la Comisión Investigadora de Incidentes y Accidentes de Aviación se conoció en julio, según los familiares de las víctimas "concluye diversas irregularidades cometidas por la empresa Air Class, algunas de las cuales sitúa entre los factores contribuyentes del accidente", y agregan que la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) "había comprobado un conjunto de irregularidades cometidas por la empresa Air Class que constituían graves apartamientos a las normas de seguridad aeronáutica y que ameritaban su clausura temporal", pero no hicieron nada.

Cuando decimos "responsabilidad criminal" lo hacemos en el sentido conceptual, actitud deliberadamente irresponsable e injustificada que provoca consecuencias fatales. Encontrar una figura delictiva que se ajuste a los hechos, esa es tara del fiscal.

Y el fiscal hizo los deberes. Encontró una norma penal aplicable.

¡No, pará, eso no era para eso!

La sociedad de control parte del principio "que nadie controle a los que controlan", el control aéreo es muy importante pero no es  para meter en cana a los dueños de las empresas aéreas. Eso atenta contra las reglas de la economía de mercado.

¿Quién va a venir a invertir si puede terminar preso porque ocurrió un accidente en su empresa? El "bien general" (que funcione la economía) está por encima del bien particular (que no te mueras en un accidente de trabajo).

Las "supuestas irregularidades en el mantenimiento de los aviones" son algo más que eso, son más que "supuestas" porque ya han sido plenamente comprobadas, y llamarlas "irregularidades" es bastante tolerante porque incluyen falsificación sistemática de los registros de bitácora, violación sistemática de las reglamentaciones, además de la desatención total del mantenimiento, todo esto un comportamiento demasiado "regular" en la irregularidad.

Las empresa implicada fue obligada a suspender sus actividades recién en febrero de este año, año y medio después del accidente que pudo haberse evitado si los controles verdaderamente sirviesen para prevenir, que para eso están. Y por seis meses. La sanción se cumplió hace 20 días. Ahora la empresa está en proceso de recertificación para poder reanudar sus vuelos. Las autoridades, obviamente, están al tanto de la causa penal, pero dicen que "no es vinculante".

¡No es vinculante!

FERNANDO MOYANO
postaporteñ@ 1273 - 2014-11-02