El gobierno accede a solicitud de la Cruz Roja
y
envía pedido a la Corte para conceder prisión domiciliaria a militares presos
en Domingo Arena
El médico que revisó a los militares es el mismo que examinó a presos de
Guantánamo
escribe Javier Benech -Búsqueda Nº 1788 - Montevideo, 30 de octubre
"No quiero viejos presos", dijo el presidente José Mujica una y
mil veces durante su administración. Pese a que él mismo fue víctima de algunas
de las más brutales violaciones a los derechos humanos que se cometieron
durante la dictadura (1973-1985), esa idea suya no se llevó a cabo porque chocó
con gran parte de los dirigentes de la izquierda, que quieren que los militares
recluidos por estos crímenes cumplan una larga condena.
Pero en los últimos días sucedió un hecho que puso este tema nuevamente
sobre el tapete y que le permitió al presidente Mujica hacer una de las últimas
movidas antes de entregar la banda presidencial al próximo mandatario el 1º de
marzo.
Una pista la dio el propio mandatario en una entrevista con el programa
"Uruguay decide" de Canal 4 el martes 28, en la que dijo que tenía un
documento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que le pedía un trato
distinto con algunos de los presos recluidos en Domingo Arena.
En realidad, Mujica recibió un documento de la Cruz Roja Internacional,
declarado "confidencial", en el que se le recomienda, luego de
haber realizado una inspección en la cárcel de Domingo Arena, que considere la
posibilidad por "estrictos motivos de salud", de beneficiar con
prisión domiciliaria a cinco de los militares recluidos en ese centro.
Según las fuentes consultadas, el organismo internacional —que también
realizó visitas a las cárceles en las que había presos políticos recluidos
durante la dictadura— expresamente aclara que no cuestiona las garantías ni las
formalidades del proceso que se siguió para enjuiciar a los militares presos,
sino que su sugerencia radica en el delicado estado de salud que padecen
algunos de los reclusos. Incluso, se destacó que uno de los médicos que revisó
a los militares recluidos es el mismo que examinó a presos en la cárcel de
Guantánamo acusados de terrorismo por el gobierno de Estados Unidos.
Fuentes del gobierno dijeron que ya partió hacia la Suprema Corte de
Justicia una misiva del presidente Mujica para que los ministros de la
corporación determinen qué puede hacerse en cada uno de estos casos; fuentes de
la corporación indicaron que una vez que reciban el documento se lo trasladarán
a los jueces de las causas respectivas, para que estos decidan los pasos a
seguir. No obstante, advirtieron que pueden existir algunas complicaciones
jurídicas para llevar adelante el propósito del primer mandatario, porque la
propia ley que establece medidas alternativas a la prisión determinó que no
pueden beneficiarse con reclusión domiciliaria aquellas personas que hayan sido
procesadas por violaciones a los derechos humanos.
Visión humanista
Mujica dijo que su posición en este tema no ha cambiado a través de los
años, porque responde a una "visión humanista" de la vida."El
país tiene un ordenamiento jurídico y lo que uno piensa en este caso es
irrelevante, porque la decisión final corresponde a otro de los poderes del
Estado", expresó.
"Mi postura de índole filosófica ya es conocida. Tener viejos mayores
de 70 años presos no corresponde", complementó. "En otros países hay
pena de muerte y afortunadamente aquí no la hay. Algún día la humanidad
transitará caminos en cuanto a que tener un anciano preso no tiene sentido. En
todo caso tiene que estar cuidado por su familia, si la tiene. Mi postura
filosófica guarda relación con una visión humanista", prosiguió.
En algunos reportajes con medios internacionales en los últimos días,
Mujica insistió con esta idea. En una entrevista publicada en el diario
colombiano "El Espectador" el domingo 26, el primer mandatario
sostuvo que para él "vale más la paz que la justicia". Señaló que
no tiene "cuentas que cobrar" en el pasado, pese a que tiene
"cicatrices a patadas" en el cuerpo
"Si por una razón de justicia me voy a envenenar toda la vida y no voy
a tener mañana, entonces vivo anclado en el pasado, no tengo esperanzas ni
sueños de preocuparme por el porvenir", razonó. A su juicio "sería
bueno mirar a Sudáfrica" para que se vea "la experiencia de Mandela"
"Lo importante, me parece, es que la gente diga la verdad. Si hay
conocimiento solo de la verdad es la forma de castigo posible que hay aquí en
la tierra. (...) Es imposible abrazar la paz si no se conoce la verdad",
concluyó
Nombres
Si bien los nombres de los militares se mantienen en estricta
reserva, Búsqueda pudo saber que uno de ellos es José Nino
Gavazzo, quien ha sido sentenciado en múltiples causas por violaciones a
los derechos humanos.
De acuerdo con datos del Observatorio Luz Ibarburu, Gavazzo fue condenado
junto a Ricardo Arab por el juez Luis Charles como autor responsable de 28
delitos de homicidio muy especialmente agravado. También fue condenado junto a
otros militares y policías retirados por la privación de libertad de Adalberto
Soba y Washington Barrios. Así mismo fue procesado por el juez Pedro Salazar
junto con Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina como
coautores del homicidio muy especialmente agravado de María Claudia García
Irureta Goyena de Gelman, quien fue secuestrada en Buenos Aires y asesinada en
Montevideo luego de dar a luz a su hija Macarena.
En otra de las causas, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de cuarto
turno revocó el procesamiento de uno de los involucrados en el secuestro y
muerte del maestro Julio Castro y en su lugar imputó a Gavazzo.
Por otra parte, las fuentes consultadas señalaron que no integra el grupo
de los cinco militares que podrían beneficiarse con esta medida el ex dictador
Gregorio Álvarez. "Hay que tener en cuenta que la recomendación de Cruz
Roja es solo por un tema de salud y el Goyo, pese a tener como 90 años, está
mejor que todos los demás", dijo una alta fuente del Poder Ejecutivo.
Álvarez realizó un reclamo ante un tribunal de Naciones Unidas porque se
considera un "preso político". En su respuesta, la Cancillería estimó
que el militar retirado es uno de los "peores delincuentes" de la
historia moderna de Uruguay
Un
centro de reclusión a medida
La Unidad Penitenciaria Nº 8 —más conocida como cárcel
de Domingo Arena por la calle del barrio Piedras Blancas donde está ubicada—fue construida durante el gobierno
de Tabaré Vázquez gracias a un acuerdo por el cual fueron alojados los primeros militares y
policías procesados por la Justicia por violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura.
Aunque solamente se conocieron algunos detalles del acuerdo, se supone que
el entonces secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, negoció con los
militares algunas condiciones, que incluyeron cierta colaboración en la
búsqueda de detenidos desaparecidos para no ser extraditados a Argentina, que
los reclama por delitos cometidos en ese país. La construcción de la cárcel se
hizo en reserva y el establecimiento fue puesto en un régimen especial. Está
dentro de un predio militar —el ex regimiento de caballería Nº 6— pero la
custodia directa de los detenidos se realiza por parte de funcionarios del
Ministerio del Interior bajo la dirección de un comisario.
En la cárcel de Domingo Arena no hay presos civiles, como se dijo al
principio que habría. El régimen de visita es amplio y además los internos
disponen de mayores espacios que los de otros penales y reciben la comida
militar y atención médica.
Uno de los internos, el teniente general Gregorio Álvarez, que tuvo
problemas de convivencia con algunos de sus ex camaradas de armas, recibió
desde el año pasado un trato aún más especial: fue alojado en una pequeña casa
prefabricada exclusiva con más comodidades que el resto.
Entre los detenidos en Domingo Arena estuvo el coronel Carlos Calcagno, un
oficial de inteligencia militar acusado de la desaparición de dos uruguayos en
Paraguay. Cuando era capitán del batallón Florida, Calcagno fue el jefe de la
patrulla que detuvo al presidente José Mujica en el invierno de 1972. Por orden
judicial, el oficial recibió el derecho a prisión domiciliaria poco antes de
fallecer en mayo de 2013.
"Existe la obligación de garantizar la vida y la integridad física de
ellos y de los demás presos. Hay que entender esto, como se entiende que no se
puede poner a los policías procesados con el resto de los presos", declaró
el entonces ministro del Interior Juan Faroppa en setiembre de 2006 para
justificar la construcción de una cárcel especial.
La entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, también defendió la
construcción: "No todos los reclusos son iguales por las distintas
características. Un profesional formado en la inteligencia y en la
contrainteligencia y un copador de casas de Carrasco, no son exactamente lo
mismo en la convivencia". En la cárcel fueron recluidos, además de
Álvarez y Calcagno, los militares retirados Jorge Silveira, Ernesto Ramas, José
Gavazzo, Luis Maurente, Ernesto Soca, Juan Carlos Larcebeau, y los policías
retirados José Sande y Ricardo Medina. También se encuentran los oficiales en
situación de retiro Gilberto Vázquez y Ricardo Arab.
A fines de 2007 se produjeron denuncias que el
presidente Vázquez derivó a Berrutti, para que investigara la transparencia del
proceso de contratación de la empresa que construyó la cárcel.
El ex comandante del Ejército Carlos Díaz dijo en
"El Observador" que la cárcel fue construida con "recursos extra
presupuestales que el Ejército tenía (...) por la empresa del proveedor del
Ejército, Eduardo Coronel, a quien la obra se le adjudicó directamente, sin pasar por
un proceso licitatorio".
Coronel estuvo vinculado con el hermano del
vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, Gonzalo Nin Novoa. Vázquez, que había autorizado la
construcción a instancias del teniente general Díaz, visitó el lugar en
diciembre del 2006, cuando las obras estaban casi culminadas
posta
postaporteñ@
1271 - 2014-10-30
PASANDO A LIMPIO LA GESTION DEL
PRESIDENTE
El gobierno accede a solicitud de la Cruz Roja
y
envía pedido a la Corte para conceder prisión domiciliaria a militares presos
en Domingo Arena
El médico que revisó a los militares es el mismo que examinó a presos de
Guantánamo
escribe Javier Benech -Búsqueda Nº 1788 - Montevideo, 30 de octubre
"No quiero viejos presos", dijo el presidente José Mujica una y
mil veces durante su administración. Pese a que él mismo fue víctima de algunas
de las más brutales violaciones a los derechos humanos que se cometieron
durante la dictadura (1973-1985), esa idea suya no se llevó a cabo porque chocó
con gran parte de los dirigentes de la izquierda, que quieren que los militares
recluidos por estos crímenes cumplan una larga condena.
Pero en los últimos días sucedió un hecho que puso este tema nuevamente
sobre el tapete y que le permitió al presidente Mujica hacer una de las últimas
movidas antes de entregar la banda presidencial al próximo mandatario el 1º de
marzo.
Una pista la dio el propio mandatario en una entrevista con el programa
"Uruguay decide" de Canal 4 el martes 28, en la que dijo que tenía un
documento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que le pedía un trato
distinto con algunos de los presos recluidos en Domingo Arena.
En realidad, Mujica recibió un documento de la Cruz Roja Internacional,
declarado "confidencial", en el que se le recomienda, luego de
haber realizado una inspección en la cárcel de Domingo Arena, que considere la
posibilidad por "estrictos motivos de salud", de beneficiar con
prisión domiciliaria a cinco de los militares recluidos en ese centro.
Según las fuentes consultadas, el organismo internacional —que también
realizó visitas a las cárceles en las que había presos políticos recluidos
durante la dictadura— expresamente aclara que no cuestiona las garantías ni las
formalidades del proceso que se siguió para enjuiciar a los militares presos,
sino que su sugerencia radica en el delicado estado de salud que padecen
algunos de los reclusos. Incluso, se destacó que uno de los médicos que revisó
a los militares recluidos es el mismo que examinó a presos en la cárcel de
Guantánamo acusados de terrorismo por el gobierno de Estados Unidos.
Fuentes del gobierno dijeron que ya partió hacia la Suprema Corte de
Justicia una misiva del presidente Mujica para que los ministros de la
corporación determinen qué puede hacerse en cada uno de estos casos; fuentes de
la corporación indicaron que una vez que reciban el documento se lo trasladarán
a los jueces de las causas respectivas, para que estos decidan los pasos a
seguir. No obstante, advirtieron que pueden existir algunas complicaciones
jurídicas para llevar adelante el propósito del primer mandatario, porque la
propia ley que establece medidas alternativas a la prisión determinó que no
pueden beneficiarse con reclusión domiciliaria aquellas personas que hayan sido
procesadas por violaciones a los derechos humanos.
Visión humanista
Mujica dijo que su posición en este tema no ha cambiado a través de los
años, porque responde a una "visión humanista" de la vida."El
país tiene un ordenamiento jurídico y lo que uno piensa en este caso es
irrelevante, porque la decisión final corresponde a otro de los poderes del
Estado", expresó.
"Mi postura de índole filosófica ya es conocida. Tener viejos mayores
de 70 años presos no corresponde", complementó. "En otros países hay
pena de muerte y afortunadamente aquí no la hay. Algún día la humanidad
transitará caminos en cuanto a que tener un anciano preso no tiene sentido. En
todo caso tiene que estar cuidado por su familia, si la tiene. Mi postura
filosófica guarda relación con una visión humanista", prosiguió.
En algunos reportajes con medios internacionales en los últimos días,
Mujica insistió con esta idea. En una entrevista publicada en el diario
colombiano "El Espectador" el domingo 26, el primer mandatario
sostuvo que para él "vale más la paz que la justicia". Señaló que
no tiene "cuentas que cobrar" en el pasado, pese a que tiene
"cicatrices a patadas" en el cuerpo
"Si por una razón de justicia me voy a envenenar toda la vida y no voy
a tener mañana, entonces vivo anclado en el pasado, no tengo esperanzas ni
sueños de preocuparme por el porvenir", razonó. A su juicio "sería
bueno mirar a Sudáfrica" para que se vea "la experiencia de Mandela"
"Lo importante, me parece, es que la gente diga la verdad. Si hay
conocimiento solo de la verdad es la forma de castigo posible que hay aquí en
la tierra. (...) Es imposible abrazar la paz si no se conoce la verdad",
concluyó
Nombres
Si bien los nombres de los militares se mantienen en estricta
reserva, Búsqueda pudo saber que uno de ellos es José Nino
Gavazzo, quien ha sido sentenciado en múltiples causas por violaciones a
los derechos humanos.
De acuerdo con datos del Observatorio Luz Ibarburu, Gavazzo fue condenado
junto a Ricardo Arab por el juez Luis Charles como autor responsable de 28
delitos de homicidio muy especialmente agravado. También fue condenado junto a
otros militares y policías retirados por la privación de libertad de Adalberto
Soba y Washington Barrios. Así mismo fue procesado por el juez Pedro Salazar
junto con Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina como
coautores del homicidio muy especialmente agravado de María Claudia García
Irureta Goyena de Gelman, quien fue secuestrada en Buenos Aires y asesinada en
Montevideo luego de dar a luz a su hija Macarena.
En otra de las causas, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de cuarto
turno revocó el procesamiento de uno de los involucrados en el secuestro y
muerte del maestro Julio Castro y en su lugar imputó a Gavazzo.
Por otra parte, las fuentes consultadas señalaron que no integra el grupo
de los cinco militares que podrían beneficiarse con esta medida el ex dictador
Gregorio Álvarez. "Hay que tener en cuenta que la recomendación de Cruz
Roja es solo por un tema de salud y el Goyo, pese a tener como 90 años, está
mejor que todos los demás", dijo una alta fuente del Poder Ejecutivo.
Álvarez realizó un reclamo ante un tribunal de Naciones Unidas porque se
considera un "preso político". En su respuesta, la Cancillería estimó
que el militar retirado es uno de los "peores delincuentes" de la
historia moderna de Uruguay
Un
centro de reclusión a medida
La Unidad Penitenciaria Nº 8 —más conocida como cárcel
de Domingo Arena por la calle del barrio Piedras Blancas donde está ubicada—fue construida durante el gobierno
de Tabaré Vázquez gracias a un acuerdo por el cual fueron alojados los primeros militares y
policías procesados por la Justicia por violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura.
Aunque solamente se conocieron algunos detalles del acuerdo, se supone que
el entonces secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, negoció con los
militares algunas condiciones, que incluyeron cierta colaboración en la
búsqueda de detenidos desaparecidos para no ser extraditados a Argentina, que
los reclama por delitos cometidos en ese país. La construcción de la cárcel se
hizo en reserva y el establecimiento fue puesto en un régimen especial. Está
dentro de un predio militar —el ex regimiento de caballería Nº 6— pero la
custodia directa de los detenidos se realiza por parte de funcionarios del
Ministerio del Interior bajo la dirección de un comisario.
En la cárcel de Domingo Arena no hay presos civiles, como se dijo al
principio que habría. El régimen de visita es amplio y además los internos
disponen de mayores espacios que los de otros penales y reciben la comida
militar y atención médica.
Uno de los internos, el teniente general Gregorio Álvarez, que tuvo
problemas de convivencia con algunos de sus ex camaradas de armas, recibió
desde el año pasado un trato aún más especial: fue alojado en una pequeña casa
prefabricada exclusiva con más comodidades que el resto.
Entre los detenidos en Domingo Arena estuvo el coronel Carlos Calcagno, un
oficial de inteligencia militar acusado de la desaparición de dos uruguayos en
Paraguay. Cuando era capitán del batallón Florida, Calcagno fue el jefe de la
patrulla que detuvo al presidente José Mujica en el invierno de 1972. Por orden
judicial, el oficial recibió el derecho a prisión domiciliaria poco antes de
fallecer en mayo de 2013.
"Existe la obligación de garantizar la vida y la integridad física de
ellos y de los demás presos. Hay que entender esto, como se entiende que no se
puede poner a los policías procesados con el resto de los presos", declaró
el entonces ministro del Interior Juan Faroppa en setiembre de 2006 para
justificar la construcción de una cárcel especial.
La entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, también defendió la
construcción: "No todos los reclusos son iguales por las distintas
características. Un profesional formado en la inteligencia y en la
contrainteligencia y un copador de casas de Carrasco, no son exactamente lo
mismo en la convivencia". En la cárcel fueron recluidos, además de
Álvarez y Calcagno, los militares retirados Jorge Silveira, Ernesto Ramas, José
Gavazzo, Luis Maurente, Ernesto Soca, Juan Carlos Larcebeau, y los policías
retirados José Sande y Ricardo Medina. También se encuentran los oficiales en
situación de retiro Gilberto Vázquez y Ricardo Arab.
A fines de 2007 se produjeron denuncias que el
presidente Vázquez derivó a Berrutti, para que investigara la transparencia del
proceso de contratación de la empresa que construyó la cárcel.
El ex comandante del Ejército Carlos Díaz dijo en
"El Observador" que la cárcel fue construida con "recursos extra
presupuestales que el Ejército tenía (...) por la empresa del proveedor del
Ejército, Eduardo Coronel, a quien la obra se le adjudicó directamente, sin pasar por
un proceso licitatorio".
Coronel estuvo vinculado con el hermano del
vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, Gonzalo Nin Novoa. Vázquez, que había autorizado la
construcción a instancias del teniente general Díaz, visitó el lugar en
diciembre del 2006, cuando las obras estaban casi culminadas
posta
postaporteñ@
1271 - 2014-10-30
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