lunes, 25 de agosto de 2014

Uruguay: Grietas en el control del Estado



LAS COSAS DEL ESTADO

Grietas en el control del Estado

El Tribunal de Cuentas, la Auditoría Interna, la Junta Anticorrupción y la ley de Acceso a Información Pública son las bases del control estatal. Sin embargo, la administración de cientos de millones de fondos públicos escapa a sus ojos.
El País Gonzalo Terra dom ago 10 2014
El irregular proceso anterior y posterior al cierre de Pluna, el procesamiento del representante de los trabajadores en el directorio de ASSE por hechos de corrupción y el discutido criterio para aprobar el balance de Ancap con pérdidas millonarias, se instalaron en la campaña electoral y tienen un denominador común: debatir la eficiencia en el control de la gestión pública.
El Estado está dotado de herramientas de control pero no resultan del todo eficientes por aspectos que van desde lo presupuestal hasta el rango jerárquico, la ausencia de mecanismos sancionatorios o disposiciones, muchas de ellas adoptadas con consenso político, que permiten evadir auditorías, licitaciones o la obligación de informar.
La Junta Anticorrupción carece del personal y los recursos necesarios para ejercer su labor a cabalidad, el Tribunal de Cuentas es sistemáticamente ignorado, el acceso a la información pública sigue siendo deficiente e incluso burlado, pese a la ley y un proyecto de la Auditoría Interna de la Nación para reforzar controles que espera en un cajón desde hace tres años.

Rendir cuentas.

Esta semana el Tribunal de Cuentas abstuvo su opinión, por segundo año consecutivo, sobre el balance 2012 de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). En ese año la CND tuvo en cartera 148 fondos que implicaron una administración de 161.648.389 dólares. Los servicios técnicos del Tribunal sostienen que la documentación presentada por la CND no es lo suficientemente clara o completa para abrir opinión favorable o desfavorable. Lo mismo ocurrió en 2011.
Situación similar se dio con los estados contables de la textil Agolan, administrada por la CND y que ha sufrido millonarias pérdidas en los últimos años. En marzo, el Tribunal llamó la atención a la CND por lo que consideró "obstrucción" al acceso de información de los estados contables de la textil y hasta el momento no ha podido pronunciarse sobre su balance.
La CND administra decenas de millones de dólares que, en muchos casos, forman parte del presupuesto de organismos del Estado. De esa forma, esos recursos también quedan sometidos a controles más laxos dado que, a diferencia de lo que ocurre en la Administración Central, el Tribunal de Cuentas interviene en la CND cuando el procedimiento ya fue ejecutado. La única denuncia penal que el Tribunal de Cuentas presentó en su historia fue contra la Corporación y por el manejo de los fondos de la empresa Metzen y Sena por unos 4,5 millones de dólares.

Invisible.

El Tribunal de Cuentas advirtió oportunamente sobre los balances de Pluna y los contratos de tercerizados en ASSE, sin embargo, la mayoría de las veces sus dictámenes son inocuos dado que los ejecutores del gasto no los toman en cuenta y la Asamblea General los guarda en un cajón.
Varias fuentes del organismo consultadas por El País admitieron que el Tribunal va perdiendo incidencia en el control de la gestión pública: "Parecemos invisibles".
Un caso testigo fue el proyecto Antel Arena. El Tribunal lo observó y el ente siguió adelante. Pero es en la denominada "reiteración del gasto" donde queda en evidencia que la opinión del Tribunal carece de relevancia. Las fuentes consideraron que en los últimos años se produjo un "abuso" de la herramienta que la ley permite para casos excepcionales.
El balance del Tribunal correspondiente a 2012 (el ejercicio 2013 no está terminado) señala que fueron observados en ese período gastos por más de US$ 200 millones. En la mayoría de los casos el gasto se reitera y las argumentaciones fueron insuficientes. Son aislados los ejemplos en los que se demostró al Tribunal que estaba equivocado o se probaron razones de urgencia.
El 90% de los gastos de la Intendencia de Maldonado en este período terminó siendo observado, mientras que cada procedimiento del Ministerio de Desarrollo Social es motivo de discusión porque sistemáticamente se evaden las licitaciones y se opta por la compra directa por montos millonarios apelando a excepciones que el legislador introdujo en la ley y que el Tribunal no comparte.
Por otra parte, el propio presidente José Mujica y legisladores como el senador Sergio Abreu, han advertido sobre la proliferación de sociedades anónimas de derecho privado con participación del Estado en diferentes proporciones de su paquete accionario. A modo de ejemplo, Ancap participa en 21 sociedades de este tipo que carecen de control externo. Si bien no hay disponible un inventario sobre las mismas, se estima que son entre 60 y 70 las sociedades en todo el Estado que al año manejan cientos de millones de dólares provenientes de fondos públicos.
Otras formas de "huir" de los controles institucionales pasa por los sistemas de contratación. Por ejemplo, ASSE y otras dependencias utilizan para sus licitaciones la valoración de elementos subjetivos. Bajo el paraguas de "proyectos socio- educativos" que ofrecen capacitación para sus empleados, extremo que luego no se controla, se han adjudicado en el área de servicios en hospitales decenas de contratos a empresas que, sin embargo, si hubieran sido juzgadas por elementos objetivos como el precio, habrían sido descalificadas.
Otro sistema de contratación extendido y que también es sistemáticamente observado se denomina "donación modal", muy utilizado a nivel de las intendencias con cooperativas para tercerizar o privatizar tareas como la recolección de residuos, obras de pavimentación o el cuidado de parques.
Para el Tribunal, la donación modal no puede existir cuando lo que realmente hay es una transacción comercial con dinero a cambio de un servicio.
Las fuentes del Tribunal consideran que, lejos de mejorarse los controles, se han instalado mecanismos de gestión que los omiten.

Plan que lleva tres años en un cajón


En 2011 la Auditoría Interna de la Nación presentó un proyecto para instalar unidades en todos los ministerios con el objetivo de tener controles "más efectivos y periódicos".
El auditor interno de la Nación, Hugo Pose, dijo a El País que el proyecto tuvo un largo recorrido, pero desde hace algunas semanas se encuentra en la Oficina de Servicio Civil, donde cree que se convertirá en decreto en este período de gobierno. No obstante, recién podrá ponerse en práctica en el próximo dado que implica crear una nueva estructura en cada ministerio.
Según el proyecto, el objetivo de las Auditorías en cada ministerio es "ejercer la función de auditoría interna, con la finalidad de velar, promover y agregar valor a la gestión eficaz, eficiente, transparente y ajustada a las normas jurídicas, por parte del Inciso y del Estado en general".

Corrupción: sin recursos para mejorar prevención


El presidente de la Junta Anticorrupción, Luis Yarzábal, dijo a El País que la dependencia, creada en 1998 con el cometido de propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, prepara una propuesta para que el organismo pueda recibir denuncias por parte de funcionarios públicos que son testigos de actos de corrupción. Indicó que se ha constatado, y está mal, que los casos primero son judicializados y la Administración recién actúa cuando la Justicia se pronuncia y procesa.
"La Junta Anticorrupción va a proponer ser receptora de denuncias que hoy solo reciben los juzgados. Es conveniente que exista un órgano para recibir todo aquello que no necesariamente es penal y que garantice confidencialidad y reserva al denunciante", indicó.
Yarzábal dijo que el organismo está concentrado en realizar capacitación de funcionarios para lograr instalar un mecanismo de prevención de la corrupción.
"Da resultados pero lamentablemente, por un problema presupuestal, no podemos generalizarlo. Es común que ni los propios funcionarios conozcan la normativa y los límites a los que están sometidos, y así se cometen muchos errores sin intención", consideró.
El 25 de marzo del año próximo la Junta organizará una evaluación de todo proceso preventivo de la corrupción. "Vamos a invitar al gobierno que esté instalándose para que tenga en cuenta la tarea y nos apoye para profundizarla", dijo.



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