LAS COSAS
DEL ESTADO
Estado pagó créditos laborales de Pluna y ahora no se lo reconocen
Dinero - Sindicatura niega
devolución de US$ 7.700.000 pagados a funcionarios
El Observador / 24.09.2014, 05:00 hs
El 17 de julio de 2012, dos semanas después del cierre
de Pluna, el Parlamento aprobó la denominada ley de salida para la aerolínea de
bandera, que fue a concurso por insolvencia financiera.
Ese texto sacó de la masa concursal a los aviones y estableció el mecanismo del famoso remate de los Bombardier, cuyo pago al Scotiabank está garantizado por el Estado, según el acuerdo que firmó el gobierno con el socio privado Matías Campiani.
En el artículo 9o de esa ley se creó un fondo de adelantos de créditos laborales, por el cual los trabajadores pudieron cobrar parte del dinero por el despido. Ese dinero salió de Rentas Generales, la caja del Estado.
Los ministerios de Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas, y Trabajo y Seguridad Social fueron los administradores del fondo. Como tales se presentaron a verificar el crédito en el concurso, es decir, para pedir que le devuelvan el dinero que les correspondía a los trabajadores y que habían adelantado con fondos públicos.
Fueron en total $ 168 millones (US$ 7,7 millones). Sin embargo la sindicatura decidió no verificar ese crédito, en aplicación de la ley de concursos. El artículo 91 de ese texto legal indica cuáles son los créditos que pueden ser aceptados. En ese listado no aparecen los que se generan después del cierre de la empresa concursada, es decir, los posconcursales. Fue por ello que los síndicos establecen en su resolución entregada a la jueza Teresita Rodríguez Mascardi que “no corresponde” verificar esos US$ 7,7 millones. La ley de Pluna dice que el dinero devuelto al fondo debe ser vertido a Rentas Generales.
El proceso judicial es dinámico y la jueza puede determinar que ese dinero se califique con prioridad. Por lo tanto, si bien en esta instancia no está seguro que vuelva a las arcas del Estado, la pérdida puede subsanarse.
El Equipo de Datos de El Observador procesó y analizó un documento de 200 páginas donde aparecen todas las resoluciones de la verificación de créditos denunciados ante la sindicatura. Son 423 casos estudiados entre créditos laborales y de empresas, tanto públicas como privadas.
Es muy menor el monto total que se asignará de la venta de los aviones Bombardier a los trabajadores. Ello se explica porque buena parte del dinero ya fue adelantado por el fondo creado por la ley, y que ahora no tiene claro si será resarcido.
La ley de Pluna fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en algunos artículos que quitaron los aviones de la masa concursal. Si hubiera prosperado la intención del gobierno y la ley seguía firme en todos sus términos, el conjunto de acreedores no tendrían casi nada para cobrar. Hoy se espera que tengan US$ 77 millones, que deben ser repartidos en un universo de US$ 175 millones. El dinero no alcanza para todos. En el medio, hay US$ 36 millones de empresas públicas que no podrán cobrarse.
Ese texto sacó de la masa concursal a los aviones y estableció el mecanismo del famoso remate de los Bombardier, cuyo pago al Scotiabank está garantizado por el Estado, según el acuerdo que firmó el gobierno con el socio privado Matías Campiani.
En el artículo 9o de esa ley se creó un fondo de adelantos de créditos laborales, por el cual los trabajadores pudieron cobrar parte del dinero por el despido. Ese dinero salió de Rentas Generales, la caja del Estado.
Los ministerios de Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas, y Trabajo y Seguridad Social fueron los administradores del fondo. Como tales se presentaron a verificar el crédito en el concurso, es decir, para pedir que le devuelvan el dinero que les correspondía a los trabajadores y que habían adelantado con fondos públicos.
Fueron en total $ 168 millones (US$ 7,7 millones). Sin embargo la sindicatura decidió no verificar ese crédito, en aplicación de la ley de concursos. El artículo 91 de ese texto legal indica cuáles son los créditos que pueden ser aceptados. En ese listado no aparecen los que se generan después del cierre de la empresa concursada, es decir, los posconcursales. Fue por ello que los síndicos establecen en su resolución entregada a la jueza Teresita Rodríguez Mascardi que “no corresponde” verificar esos US$ 7,7 millones. La ley de Pluna dice que el dinero devuelto al fondo debe ser vertido a Rentas Generales.
El proceso judicial es dinámico y la jueza puede determinar que ese dinero se califique con prioridad. Por lo tanto, si bien en esta instancia no está seguro que vuelva a las arcas del Estado, la pérdida puede subsanarse.
El Equipo de Datos de El Observador procesó y analizó un documento de 200 páginas donde aparecen todas las resoluciones de la verificación de créditos denunciados ante la sindicatura. Son 423 casos estudiados entre créditos laborales y de empresas, tanto públicas como privadas.
Es muy menor el monto total que se asignará de la venta de los aviones Bombardier a los trabajadores. Ello se explica porque buena parte del dinero ya fue adelantado por el fondo creado por la ley, y que ahora no tiene claro si será resarcido.
La ley de Pluna fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en algunos artículos que quitaron los aviones de la masa concursal. Si hubiera prosperado la intención del gobierno y la ley seguía firme en todos sus términos, el conjunto de acreedores no tendrían casi nada para cobrar. Hoy se espera que tengan US$ 77 millones, que deben ser repartidos en un universo de US$ 175 millones. El dinero no alcanza para todos. En el medio, hay US$ 36 millones de empresas públicas que no podrán cobrarse.
http://www.elobservador.com.uy/noticia/288366/estado-pago-creditos-laborales-de-pluna-y-ahora-no-se-lo-reconocen/
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