Justicia Penal incorpora la denuncia que involucra a Mujica en caso Pluna

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Justicia Penal incorpora la denuncia que involucra a Mujica en caso Pluna

El fiscal del caso Pluna pidió la demanda civil que relata presiones de Mujica a López Mena

El Observador / 07.08.2014, 05:00 hs

E l fiscal especializado en Crimen Organizado, Juan Gómez, pidió la demanda civil presentada por Daniel Rocca contra su exempleador, el empresario Juan Carlos López Mena, en la que involucra al presidente José Mujica y altos funcionarios del gobierno en supuestas presiones para que el dueño de Buquebus se hiciera caergo del aval por loa aviones de Pluna. En los próximos días Gómez resolverá si solicitará el testimonio de Rocca, López Mena, los funcionarios de gobierno y hasta del propio mandatario, informaron fuentes del caso a El Observador.
Rocca relató en su demanda que la cúpula del gobierno presionó en el despacho de Mujica a López Mena para que firmara “un formulario de fianza del BROU, por el cual la sociedad Los Cipreses SA (Buquebus) se constituía en garante de Cosmo ante dicho banco, por el aval emitido en favor de tal sociedad para que participare del citado remate de los aviones”.López Mena, con su asesoramiento, se negó a firmar el documento.
El testimonio de Rocca conformará prueba contra el presidente, pero una prueba débil, que necesitará de otros testimonios similares para cobrar fuerza. Y los testimonios posibles son aliados del mandatario o, como López Mena, están enfrentados al denunciante.
Uno de los integrantes del gobierno que participó de esa reunión en el despacho del presidente en Torre Ejecutiva cuatro días después del remate de los aviones de Pluna, el 5 de octubre de 2012, confirmó ayer a El Observador que la reunión existió, pero negó que el gobierno haya presionado a López Mena. Ese es el potencial cortafuego judicial que tiene en su poder el presidente: sus ministros y asesores. En la reunión relatada en la demanda participaron Mujica, Fernando Lorenzo (entonces ministro de Economía), Fernando Calloia (entonces presidente del Banco República), Pedro Apezteguía (entonces director general de Secretaría del Ministerio de Economía), Alberto Breccia (entonces secretario general de la Presidencia) y el embajador Julio Baraibar. Del otro lado del escritorio, “ensimismado y por demás preocupado, algo no habitual en él”, según el relato de Rocca, estaba López Mena, que se negaba a firmar la garantía del aval y, por eso, llamó a su abogado, que estaba en una habitación contigua.
“López Mena ratificó su decisión de no firmar ninguno de dichos documentos, por lo que la tensión era manifiesta, ya que las autoridades de gobierno pretendían lo hiciere basados en que a su criterio existía un vínculo con la citada Cosmo”, expresa Rocca.
El quid de la cuestión
¿Mujica, rodeado de sus asesores, presionó a López Mena para  que, contra su voluntad, se hiciera cargo del aval bancario, como asegura Rocca? Esa es la pregunta que buscará responder el fiscal, si confía en el relato del abogado y prospera la indagatoria.
De un lado estará la palabra de Rocca; del otro, la de los hombres del presidente. Uno de ellos, que pidió no ser nombrado en esta nota, negó esa presión. Por último, estará la palabra de López Mena, demandado por su exabogado y en una relación tensa con el gobierno.
Más allá de las versiones que podrán surgir sobre esa reunión, lo concreto es que López Mena decidió pagar el aval de US$ 13,7 millones en enero de 2013. En diciembre de ese año, Mujica asumió en diálogo con Búsqueda que él era “el responsable de una estrategia que fracasó” en el caso Pluna.
El abogado solicita la citación al juzgado civil de todos los jerarcas involucrados (ver página 3).
Este caso ya tiene un antecedente de cortafuego para salvar al presidente, que le costó el cargo a dos ministros. Lorenzo y Calloia fueron procesados sin prisión por abuso de funciones por el otorgamiento del aval bancario en beneficio de la empresa Cosmo para presentarse al remate de los aviones. Ambos negaron en el juzgado que el presidente José Mujica haya dado las órdenes. Así, el mandatario evitó que el caso lo salpicara, al menos, judicialmente. Pero esta semana, la demanda civil presentada por Rocca enredó por primera vez de forma directa al presidente en la trama.
Otras reuniones y presiones
Las reuniones de López Mena y Rocca con el presidente fueron al menos dos más, y con ministros y jerarcas del gobierno muchas más.
Las presiones tampoco habrían sido aisladas. En su demanda, Rocca también reveló que López Mena había sido presionado por el gobierno en abril de 2012 cuando presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR) como titular de Talar, pero que luego la retiró.
El abogado reveló que él se enteró del retiro de la demanda por la prensa, ya que López Mena lo informó por medio de un comunicado y cuando le preguntó, el empresario le respondió que era un tema político y que no tuvo otra alternativa que proceder de tal forma “porque le habían bajado línea del gobierno para que retirara su demanda y lo hiciera público”.
Al informar sobre el retiro de la demanda, López Mena pedía en el comunicado de prensa “que no quede ninguna duda que no hemos recibido la más mínima observación de parte de nadie. No la hubiéramos aceptado”. Si López Mena mantiene esta postura de negar presiones, el testimonio de Rocca se topará con otro cortafuego.

Vinculo entre Calvo y López Mena

Si bien Daniel Rocca presenta un escenario en el que Juan Carlos López Mena aparece “ensimismado” y presionado por el gobierno, también señala recientes vínculos comerciales con Hernán Calvo, “el caballero de la derecha”, negados por López Mena. A principios de 2012, Martiner SA solicitó al Ministerio de Transporte “la incorporación de la línea con dos barcos charteados de Buquebus y que además presentaron como director idóneo a Hernán Calvo”, según expresó el empresario Sebastián Planas, titular de Colonia Express. Rocca advierte que cuando declaró López Mena en diciembre de 2012 en el juzgado de Crimen Organizado no fue interrogado sobre este asunto, “por lo que la sede podría considerar su nueva citación y hasta incluso en calidad distinta”, como indagado, sugiere Rocca.

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