EL ESTADO
DE LAS COSAS
Reclaman a sindicalista dinero del acuerdo con Campiani
Representantes de los acreedores de
Pluna van a la Justicia para que devuelva lo percibido en un acuerdo de despido
confidencial firmado a tres semanas del cierre
El Observador / Martín Viggiano
@martinviggiano - 22.09.2014, 05:00 hs
Fernando Alberti, más conocido como Tato por los
trabajadores de Pluna y allegados al mundo aeronáutico en Uruguay, se fue de la
exaerolínea de bandera de una forma extraña. Era presidente del sindicato.
Tenía fuerte vínculo con la central PIT-CNT y llevaba la voz cantante de los
conflictos contra el socio privado mayoritario de la empresa aérea entre 2007 y
2012. Combativo, operador, era alguien respetado entre los funcionarios. Sin
embargo, un día se marchó sin decir adiós.
A Alberti lo descubrieron bajando de forma selectiva el precio de pasajes de Pluna para algunas agencias de viajes, y cobrando por ello dinero por fuera de su sueldo. El perjuicio comprobado por la empresa fue de casi US$ 200 mil. Por ese motivo, se le inició un sumario en enero de 2012. Recién a dos semanas del retiro del gerente Matías Campiani (mandamás de Leadgate que tenía 75% de las acciones de Pluna), a mediados de 2012, llegó a un acuerdo con este argentino que fue encarcelado por un delito continuado de estafa especialmente agravado. Ese “acuerdo confidencial” establecía que Alberti cobraría US$ 150 mil por concepto de despido, mientras no concretara sus amenazas de realizar paros y denuncias de persecución sindical. Otros US$ 100 mil cobraría luego, pero la empresa entró en concurso voluntario el 11 de julio de 2012 por insolvencia financiera.
Alberti se presentó ante la sindicatura del concurso de Pluna y reclamó cobrar esos US$ 100 mil que le quedó debiendo Campiani. Pero los síndicos que se encargan de verificar las deudas de Pluna no solo le negaron ese reclamo, sino que piden que reintegre US$ 135 mil.
Los profesionales que realizaron ese trabajo a pedido de la jueza del concurso, Teresita Rodríguez Mascardi, observaron que en los registros de la aerolínea correspondía pagarle al expresidente del sindicato un despido por mucho menos dinero. Según pudo saber El Observador, la indemnización por despido debió haber sido de $ 314.200 (US$ 14.400 si se toma la cotización del día del concurso). Pero Alberti arregló mano a mano con Campiani por una cifra 17 veces mayor.
La sindicatura entendió que ese pago fue realizado de forma incorrecta, y por eso se ampara en el artículo 81 de la ley de concurso, que establece la posibilidad de revocar pagos de la empresa concursada en un plazo breve antes del cierre. Ello implica que Alberti debe entregar a la masa de Pluna US$ 135.600. Si no lo hace de forma voluntaria, se le iniciará una demanda.
El Observador pudo saber que el exsindicalista no aceptó esa decisión y presentó una impugnación. Sin embargo, los síndicos están confiados de tener razón, porque la firma de ese “acuerdo confidencial” de Campiani fue a pocos días de retirarse tras ser presionado por el gobierno, cuando la empresa ya estaba en un pozo del que nunca pudo salir.
Alberti fue por lana y volvió esquilado.
Este y otros pagos de Campiani a última hora antes de dejar Pluna son investigados por la Justicia de Crimen Organizado. Meses atrás, la sindicatura envió miles y miles de documentos con ese tipo de información. Eran tantos que tuvieron que alquilar un camión de flete para llevarlo al despacho de la jueza Adriana De los Santos.
El apoyo de Elina
Alberti negó en todo momento su maniobra con los pasajes cuando lo acorralaron en Pluna. El directorio a cargo de Leadgate se frotó las manos cuando vio la oportunidad de despedirlo. Lo primero que hizo en ese momento fue encarar a otra funcionaria que encubría al cacique sindical. La trabajadora se puso a llorar, reconoció su responsabilidad y renunció. Pero con Alberti la cosa fue diferente. Al final, Campiani y los suyos sacaron cuentas y optaron por pagarle para que se fuera de Pluna callado la boca.
Hubo quien defendió a Alberti. Según se relata en el libro Pluna, la caja negra, editado por El Observador en enero de 2014, la jerarca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Elina Rodríguez, fue una de ellas. Rodríguez también fue presidenta del sindicato de Pluna y también gerenta general en el período previo a la llegada de Leadgate, y operó para que se levantara la denuncia de Pluna contra Alberti en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para ello, Rodríguez mantuvo varias reuniones con gerentes de Leadgate en boliches de Montevideo.
Cuando ya estaba fuera de Pluna, Alberti cambió el número de su celular y envió mensajes de texto a compañeros de la aerolínea y mandos medios del gobierno que creía amigos, pero muy pocos respondieron. Protagonistas de esa historia contaron que el exsindicalista intentó reconstruir su vida laboral en una agencia de viajes.
A Alberti lo descubrieron bajando de forma selectiva el precio de pasajes de Pluna para algunas agencias de viajes, y cobrando por ello dinero por fuera de su sueldo. El perjuicio comprobado por la empresa fue de casi US$ 200 mil. Por ese motivo, se le inició un sumario en enero de 2012. Recién a dos semanas del retiro del gerente Matías Campiani (mandamás de Leadgate que tenía 75% de las acciones de Pluna), a mediados de 2012, llegó a un acuerdo con este argentino que fue encarcelado por un delito continuado de estafa especialmente agravado. Ese “acuerdo confidencial” establecía que Alberti cobraría US$ 150 mil por concepto de despido, mientras no concretara sus amenazas de realizar paros y denuncias de persecución sindical. Otros US$ 100 mil cobraría luego, pero la empresa entró en concurso voluntario el 11 de julio de 2012 por insolvencia financiera.
Alberti se presentó ante la sindicatura del concurso de Pluna y reclamó cobrar esos US$ 100 mil que le quedó debiendo Campiani. Pero los síndicos que se encargan de verificar las deudas de Pluna no solo le negaron ese reclamo, sino que piden que reintegre US$ 135 mil.
Los profesionales que realizaron ese trabajo a pedido de la jueza del concurso, Teresita Rodríguez Mascardi, observaron que en los registros de la aerolínea correspondía pagarle al expresidente del sindicato un despido por mucho menos dinero. Según pudo saber El Observador, la indemnización por despido debió haber sido de $ 314.200 (US$ 14.400 si se toma la cotización del día del concurso). Pero Alberti arregló mano a mano con Campiani por una cifra 17 veces mayor.
La sindicatura entendió que ese pago fue realizado de forma incorrecta, y por eso se ampara en el artículo 81 de la ley de concurso, que establece la posibilidad de revocar pagos de la empresa concursada en un plazo breve antes del cierre. Ello implica que Alberti debe entregar a la masa de Pluna US$ 135.600. Si no lo hace de forma voluntaria, se le iniciará una demanda.
El Observador pudo saber que el exsindicalista no aceptó esa decisión y presentó una impugnación. Sin embargo, los síndicos están confiados de tener razón, porque la firma de ese “acuerdo confidencial” de Campiani fue a pocos días de retirarse tras ser presionado por el gobierno, cuando la empresa ya estaba en un pozo del que nunca pudo salir.
Alberti fue por lana y volvió esquilado.
Este y otros pagos de Campiani a última hora antes de dejar Pluna son investigados por la Justicia de Crimen Organizado. Meses atrás, la sindicatura envió miles y miles de documentos con ese tipo de información. Eran tantos que tuvieron que alquilar un camión de flete para llevarlo al despacho de la jueza Adriana De los Santos.
El apoyo de Elina
Alberti negó en todo momento su maniobra con los pasajes cuando lo acorralaron en Pluna. El directorio a cargo de Leadgate se frotó las manos cuando vio la oportunidad de despedirlo. Lo primero que hizo en ese momento fue encarar a otra funcionaria que encubría al cacique sindical. La trabajadora se puso a llorar, reconoció su responsabilidad y renunció. Pero con Alberti la cosa fue diferente. Al final, Campiani y los suyos sacaron cuentas y optaron por pagarle para que se fuera de Pluna callado la boca.
Hubo quien defendió a Alberti. Según se relata en el libro Pluna, la caja negra, editado por El Observador en enero de 2014, la jerarca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Elina Rodríguez, fue una de ellas. Rodríguez también fue presidenta del sindicato de Pluna y también gerenta general en el período previo a la llegada de Leadgate, y operó para que se levantara la denuncia de Pluna contra Alberti en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para ello, Rodríguez mantuvo varias reuniones con gerentes de Leadgate en boliches de Montevideo.
Cuando ya estaba fuera de Pluna, Alberti cambió el número de su celular y envió mensajes de texto a compañeros de la aerolínea y mandos medios del gobierno que creía amigos, pero muy pocos respondieron. Protagonistas de esa historia contaron que el exsindicalista intentó reconstruir su vida laboral en una agencia de viajes.
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