Brasil247 / Tamara Seiffer / Opinión - 16 de Marzo de 2015 às 20:06
Los programas de transferencia de renta operan como un
subsidio a las empresas para que disminuyan costos laborales
En la última década asistimos a un
crecimiento del gasto social en Brasil y el resto de Latinoamérica. A pesar de
haber sido la bandera de gobiernos progresistas, la realidad indica que es un
fenómeno general que engloba a gobiernos de distintos colores. Como ejemplos tenemos
a Colombia, donde el gasto social por habitante creció el 78% entre 2000 y
2012; México donde lo hizo en un 122% entre 1991 y 2012 y Perú, donde entre
1999 y 2012, creció el 92 por ciento.
Una parte de este gasto se
materializa en políticas de transferencia de ingresos (PTI), como el Bolsa
Familia de Brasil o la Asignación Universal por Hijo en Argentina. En el año
2010 el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo estimó la
presencia de al menos 19 programas de transferencia de renta en América Latina
y El Caribe. Mientras en el 2000 beneficiaban al 5,7% de la población total de
la región, en 2012 asistieron al 21,1%, aproximadamente 127 millones de
personas.
Se estima que la pobreza en
Latinoamérica disminuyó del 44,9% en 2002 al 27,9% en 2013. La razón principal
de esa disminución fue el ciclo de crecimiento de empleo. Pero el mismo vino
asociado de la consolidación del empleo precario y los bajos salarios. Según
datos de la OIT, en 2012 la tasa de informalidad y empleo no registrado en
América Latina era del 47,7% y el 6,5% de la población ocupada de la región se
encontraba en situación de pobreza.
De allí que los PTI hayan devenido
una necesidad para complementar los salarios de la población asistida. Cumplen
un papel en la reproducción de la vida de esta población, pero en condiciones
miserables. Su bajo monto permitió sobre todo modificar apenas los indicadores
de pobreza extrema (indigencia). Operan a su vez como un subsidio a las
empresas privadas que pueden disminuir costos al utilizar una fuerza de trabajo
más barata.
Si bien el gasto crece, en momentos
de crisis aguda tiende a disminuir, como ocurrió en 1989 y 2001. Chile,
Venezuela y Colombia sufrieron el impacto de la crisis de 2009 en las cifras de
gasto social.
El actual estancamiento relativo de
la actividad económica en la región, motorizado por la baja de los precios de
las materias primas y la escasez de renta, coloca sobre la mesa los problemas
del desempleo y la pobreza. Ante esta situación queda al descubierto que los
gobiernos latinoamericanos, aún los denominados progresistas, buscan priorizar el bienestar de las
empresas en detrimento de las condiciones de vida de los trabajadores. Los
obreros deben confiar en sus propias fuerzas para revertir las condiciones que
les llevan a la miseria.
Fuente: Brasil247
http://lascotidianasdeenrique.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario