Ecoportal.net – 20.03.2015
Unirá el Pacífico con el Caribe a través de una vía húmeda
de 278 kilómetros de longitud, por 230 a 520 metros de ancho y 30 de
profundidad. Once organizaciones civiles han denunciado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el proyecto de canal
interoceánico aprobado en Nicaragua tendrá un "grave impacto" en los
derechos humanos y en el medio ambiente del país y provocará el
"desplazamiento forzado" de 100.000 personas.
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), en Washington, los activistas aseguraron además que el proyecto
ha generado ya actos de intimidación policial contra quienes protestan en
contra, especialmente las poblaciones indígenas que viven en los territorios
donde está prevista la obra.
Un solo concesionario (la firma china HKND) tiene derechos
exclusivos de explotación (sobre el canal) potencialmente por 116 años. Esto
otorga derechos irrestrictos sobre recursos naturales tales como bosques o
agua, dijo Luis Carlos Buob, del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL).
El canal, cuyas obras fueron inauguradas en diciembre, unirá
el océano Pacífico con el mar Caribe a través de una vía húmeda de 278
kilómetros de longitud, por 230 a 520 metros de ancho y 30 metros de
profundidad, y estará listo a fines de 2019, según cálculos de la compañía
HKND.
Estamos en presencia de la más grave privatización de la
reservas naturales de Nicaragua en la historia de nuestro país, y hay serios
riesgos de corrupción, advirtió en la audiencia Mónica López, activista del
grupo COCIBOLCA.
Desplazamiento forzoso de personas Además, la amplia
superficie que ocupará el canal provocará un desplazamiento forzoso de mas de
100.000 personas, entre ellas los habitantes de siete zonas protegidas, según
cálculos de Mauro Ampiés, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Por tanto, las organizaciones pidieron a la CIDH hacer una
visita a Nicaragua para evaluar cómo el proyecto está afectando los derechos
humanos e instar al Gobierno nicaragüense a detener el proyecto de
militarización de la zona donde se edificará el canal, en palabras de Ampiés.
Denunció, asimismo, que la Policía Nacional disolvió con una
violencia desproporcional una protesta de campesinos contra la construcción del
canal el pasado 24 de diciembre, lo que dejó más de 70 heridos y decenas de
detenidos. Los representantes del Gobierno nicaragüense en la audiencia
rechazaron esos argumentos y defendieron el canal, un proyecto de interés e
importancia mundial porque reducirá distancias y tiempo en el transporte de
mercancías, en palabras de Telémaco Talavera, vocero de la Comisión de
Desarrollo del Gran Canal de Nicaragua.
Según Talavera, el Gobierno nicaragüense y la firma HKND
garantizarán que las personas que residen ahora en el territorio elegido para
la ruta tendrán unas condiciones de vida superiores a las que tienen ahora.
La ruta fue aprobada no por ser la de menor coste económico,
sino la de menor impacto social y ambiental, defendió Talavera, que aseguró que
ya se están haciendo consultas en las comunidades afectadas. Una de las siete
integrantes de la CIDH, la paraguaya Rosa María Ortiz, instó al Gobierno de
Nicaragua a asegurar la transparencia del proyecto, que va a durar muchos años
si se llega a construir y ameritará un control, porque la tentación hacia la
corrupción es muy grande.
Me llama la atención que el estudio de impacto ambiental se
hace ahora cuando ya se aprobó la ley. El estudio debería ser previo, dijo
Ortiz, que planteó al Estado la posibilidad de hacer un referéndum nacional
sobre la construcción del canal.
Ecoportal.net
EFE verde
Fuente: Ecoportal.net
http://lascotidianasdeenrique.blogspot.com
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