El Clarín.cl / Escrito por Patricio Herman - Publicado
el 30 Marzo 2015
El domingo recién
pasado en un diario de circulación nacional el arquitecto Sergio Baeriswyl,
quien obtuvo merecidamente este premio el año 2014, refiriéndose a los
negativos, mejor dicho catastróficos, efectos de las fuerzas de la naturaleza
ocurridos en el norte del país, ha tenido que decir ante la destrucción de las
ciudades, que la incomprensible indiferencia de las políticas públicas frente a
la gestión de riesgos urbanos tiene que llegar indefectiblemente a su término.
También aludió al
terremoto de febrero de 2010, creyendo él que con esa infausta experiencia, las
autoridades públicas iban a generar los necesarios cambios en la
institucionalidad para que nuestro país estuviera mejor preparado ante las
súbitas ocurrencias de desastres, pues el territorio que ocupamos está
permanentemente afectado por los riesgos naturales. Terminó su suplicante carta
haciendo un llamado a quienes mandan para que, a la brevedad, tomen la decisión
de impulsar políticas de planificación verdadera con lo cual, en unos años más,
las ciudades que habitamos serán más seguras.
Le encontramos toda
la razón a este serio profesional, pero él debe saber que en Chile desde hace
unos 40 años, el uso del recurso suelo y
todas las materias asociadas al crecimiento de las ciudades, por decisión de
los gobiernos de Pinochet, de los 4 de la Concertación, el de Piñera y el del
actual de Bachelet, están entregado a las libérrimas fuerzas del mercado porque
así ha sido decidido por los influyentes grupos económicos
y gurúes del neoliberalismo, los mismos que financian
encubiertamente las candidaturas de aquellos que desean ser alcaldes,
diputados, senadores y presidentes.
Hemos publicado
desde hace años miles de columnas dando cuenta de esta lacra social que
perjudica a las mayorías, pero que sí beneficia a los poderosos y en los casos
abiertamente ilegales, hemos puesto los antecedentes en la Contraloría General
de la República y en ocasiones también en los tribunales de justicia, por lo
que no tiene sentido en esta ocasión seguir despotricando. Pero, aprovechando
la oportuna llamada de atención del premiado arquitecto, a continuación diremos
algunas cosas demostrativas de la descomposición e inequidad que se observa.
Desde el año 1965 existe
un Ministerio
de Vivienda y Urbanismo (Minvu), servicio
del Estado que tiene la potestad para enviar proyectos de leyes al Congreso
Nacional y es quien hace las modificaciones que estime conveniente en la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuerpo normativo que es el
reglamento de la Ley respectiva. A través de sus 15 Secretarios Regionales
Ministeriales ejerce tuición sobre los Directores de Obras de las 345
municipalidades que existen en el país y lo penoso, por no decir burlesco, es
que casi invariablemente cuando hay diferentes apreciaciones sobre la
aplicación de una norma urbanística, en donde están en juego los intereses de
la ciudanía, protegidos por los planes reguladores locales, dicho Minvu toma
partido por los intereses de los actores inmobiliarios.
Las áreas verdes,
con el falaz argumento de que es muy oneroso mantenerlas, son recurrentemente
utilizadas por aquellos actores del mercado inmobiliario que tienen buenas
relaciones con los funcionarios de la Administración y hasta las calles, que
son bienes nacionales de uso público, cuando se localizan en lugares
estratégicos para los negocios, son vendidas subrepticiamente
a quienes las necesitan para aumentar la superficie de los
terrenos privados en donde se levantarán edificios en altura. Por otro lado,
con supina irresponsabilidad por parte de quienes son autoridades, se permite
que las poblaciones más pobres construyan sus precarias viviendas en áreas
riesgosas como son las quebradas y sectores inundables.
El especulativo
caso de Caval ya es para la risa, pues esta empresa compró el terreno rural
para venderlo en un monto superior y para asegurarle al comprador que el cambio
de uso de suelo era cuestión de tiempo, apareció por ahí una promesa de
compraventa con una compañía que se llamaría Aguas Sustentables (Chile) S.A.
cuyos directores, Sergio Covacevich e Ignacio Muñoz, intermediarían la compra
del terreno por mandato de unos inversionistas mexicanos, siempre y cuando el
predio fuera totalmente urbano.
Y esta futura
transacción sería por una suma equivalente a un poco más de 4 veces el precio
pagado por Caval al síndico Chadwick. Ante esta posibilidad para ganar más
dinero, Valero socio de Compagnon, suscribió otro contrato con Silva, dueño de
la sociedad que ya le había comprado el predio, para compartir las utilidades
de la posible reventa. Y lo más sintomático es que ningún medio de prensa ha entrevistado
a los dueños de esa supuesta empresa, lo que significa que todo está en una
nebulosa.
Hace un par de años
nos entrevistamos con el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos
(SII) porque considerábamos inaudita y menesterosa la fórmula empleada por las
empresas constructoras para sustraer una parte del dinero correspondiente a los
derechos, por la calidad de la construcción de sus proyectos, suma que se debe
entrar en las municipalidades para obtener los permisos de edificación.
Esa autoridad nos explicó
fundadamente que a su servicio no le correspondía fiscalizar la materia porque
era el Minvu el responsable, razón por la cual enseguida con la compañía de 2
arquitectos revisores independientes, nos reunimos con el arquitecto José Ramón
Ugarte, ministro en las sombras en el gobierno de Piñera y con el sub
secretario Francisco Irarrázabal, a quienes les explicamos en detalle cómo
muchas constructoras que no les pagan los honorarios equivalentes al 30% de los
derechos municipales a los profesionales que los revisan, porque acuerdan
porcentajes menores que fluctúan entre el 5% y el 25%, sí descuentan
desenfadadamente el guarismo del 30% en la liquidación del monto a pagar a los
municipios.
Ni Ugarte ni Irarrázabal,
a pesar de que estamos hablando de cuantiosas sumas de dinero, se preocuparon
para que existiera una correcta fiscalización al respecto, lo cual era
sumamente sencillo: toda empresa que requiere de la intervención para su
proyecto inmobiliario de un revisor independiente, debería acreditar
el pago cierto, con copia de la boleta de honorarios, en el
momento de la liquidación de los derechos en la municipalidad. Con esta
transparente condición se evitan los fraudes que perjudican a los municipios
más pobres, habida cuenta la repartición del Fondo Común
Municipal.
Este asunto se lo
comentamos la semana pasada al arquitecto Pablo Contrucci, jefe de la División
de Desarrollo Urbano del Minvu, para que él, como autoridad competente,
adoptara la decisión que en rigor corresponde ya que no se debe tolerar este
tipo de trampas.
Recordemos que el Fondo
Común Municipal constituye la principal fuente de financiamiento para los
municipios chilenos y la Constitución Política lo define como un “mecanismo
de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades
del país” y la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, le
confiere la función de “garantizar el cumplimiento de los fines de todas las
municipalidades y su adecuado funcionamiento”.
Veremos si se produce la
urgente reingeniería en el aparato de Estado para ponernos a la altura de los
países de la OCDE.
Fuente: El Clarín.cl
http://lascotidianasdeenrique.blogspot.com
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