En 2014 distorsionaron
el sistema judicial con una serie de medidas. Foto: Francisco Flores.
Los funcionarios judiciales le ganaron al gobierno la primera batalla en el
litigio por un aumento salarial del 26%. Un fallo de la jueza Josefina
Tommasino Ferraro, en lo civil de 19° Turno, le dio la razón a los 3.800
judiciales que entablaron el pleito, aunque el gobierno todavía tiene la
instancia de apelación. Si pierde, le significarán unos 50 millones de dólares.
El País.com.uy / Gabriela Cortizas -
mié mar 18 2015
Desde 2011 los funcionarios judiciales reclaman el aumento salarial del
26%, en base a la ley de Presupuesto que entró en vigencia el 1° de enero de
ese año. Este fallo es un golpe al Poder Ejecutivo frente al conflicto de los
judiciales, que estalló el año pasado y que todavía tiene paralizada algunas
áreas del sistema judicial.
"(La Justicia) ha determinado no solamente que teníamos razón sino
también que hubo una irresponsabilidad del Poder Legislativo importante",
dijo a El País Gustavo Signorele, secretario de Relaciones Institucionales de
la Asociación de Funcionarios Judiciales e integrante de la Mesa Representativa
del Pit-Cnt.
Signorele opinó que esto es una respuesta a un conjunto de leyes
"votadas de apuro y teledirigidas". "Ha quedado demostrado que
los trabajadores tenían razón y que cuando plantearon esto no era una
locura", agregó.
Seguidilla.
El reclamo de los funcionarios judiciales surgió porque la ley de
Presupuesto vigente desde 2011 dispuso un aumento del 26% a los ministros de
Estado, el que también incluía a los jueces, actuarios y defensores de oficio.
Esa ley presupuestal estableció aumentos de salarios para los ministros del
Poder Ejecutivo hasta igualar con los diputados y senadores, y debió hacerse
extensivo a todos los funcionarios judiciales, dado que los aumentos de estos
van "enganchados" con los de los jueces.
Sin embargo, el gobierno de José Mujica, a los pocos meses, dejó sin efecto
el aumento a los funcionarios mediante una ley interpretativa que los
"desengachaba". Esta fue declarada inconstitucional y al año
siguiente el Poder Ejecutivo volvió a "desengancharlos" mediante una
ley de Rendición de Cuentas, lo que también fue declarado inconstitucional.
La Suprema Corte, en tanto, entiende que el incremento que corresponde es
del 21,6%, cifra que dista bastante del 8% dado por el gobierno y que se acerca
al 26% solicitado por los funcionarios judiciales.
La Ley 19.310 que otorga a jueces, actuarios, funcionarios y defensores de
oficio el 8% de aumento (ver nota aparte) fue aprobada en diciembre de 2014
pero aún no fue reglamentada.
Inicialmente el Senado había aprobado el proyecto de ley tal como lo envió
el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en Diputados fue modificado y se eliminó el
"desenganche" que promovía el Frente Amplio, con lo que solamente los
jueces mantendrían el beneficio de cobrar un porcentaje de lo que ganan los
ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Ese beneficio, que los gremios judiciales habían logrado durante el primer
gobierno de Tabaré Vázquez luego de años de reclamo, fue mantenido por
Diputados y por eso el proyecto tuvo que volver al Senado que ratificó los
cambios al texto solamente con los votos del Frente Amplio.
El conflicto, que se arrastra desde hace ya cuatro años, provocó diversas
reacciones en el gobierno y la oposición.
El expresidente Mujica fustigó duramente a los sindicatos judiciales y
registrales por rechazar el aumento del 8%, porque consideró que "hay
cosas que pueden ser legales pero no son justas ni éticamente ni
moralmente".
La oposición, en tanto, rechazó la aprobación de la Ley 19.310,
argumentando que esta es "inconstitucional" en varias de sus
disposiciones.
El fallo de la jueza Josefina Tommasino es retroactivo a la primera
sentencia de inconstitucionalidad de la ley interpretativa del Presupuesto. No
otorga totalmente lo solicitado por los judiciales, que pedían retroactividad
desde 2011, por eso el cálculo de 56 millones de dólares inicial se verá
parcialmente disminuido.
Condición.
Aunque según los funcionarios no sería "negocio" para el
gobierno, el Poder Ejecutivo (Ministerio de Economía) y la Suprema Corte de
Justicia podrán apelar la sentencia, por lo que el aumento de 26% no será
inmediato. Además, éste se otorgará siempre y cuando la Ley 19.310, que otorga
el 8%, no sea reglamentada.
Según explicó Signorele, el fallo de Tommasino indica que este aumento se
otorgará íntegramente en el caso de que la Ley 19.310 no comience a aplicarse.
En el caso que el Poder Ejecutivo la reglamente, aclaró, se deberá hacer un
nuevo cálculo para definir qué aumento se fijará entre el 26% reclamado y el 8%
otorgado por la Ley. "Es algo interpretativo", acotó Signorele.
"Esa ley (la 19.310) fue hecha para el caso que la Justicia nos diera
un fallo favorable", opinó el funcionario. De esta manera se
responsabiliza del aumento a la Suprema Corte y no al Poder Ejecutivo.
"Pero no importa porque la sentencia de ayer condena directamente al Poder
Ejecutivo a pagar", explicó.
Conflicto.
El actual conflicto judicial provocó reiterados retrasos en la actuación de
la Justicia.
Los sindicatos mantienen negociaciones paralelas con el gobierno y definen,
a su vez, paralizaciones que frenan el accionar.
La Asociación de Actuarios Judiciales es la que se mantiene más radical en
el conflicto, lo que provoca severos retrasos.
Jaqueados por la falta de funcionarios y de actuarios debido al conflicto
salarial, los jueces penales de turno de Montevideo se vieron obligados en
diciembre a elegir los casos que llevaban a cabo, priorizando las situaciones
graves y dejando de lado los delitos de menor entidad.
En este contexto de paralización prácticamente total del Poder Judicial,
los cuatro jueces penales de cada turno en Montevideo, que atienden los casos
que se generan en las 25 seccionales policiales de la capital, no podían
desarrollar su tarea de manera normal y optaron por no instruir casos menores
como hurtos y lesiones culposas por no tener capacidad para ello.
La paralización siguió en pie hasta el inicio de la Feria Mayor y se
mantiene intermitente en función de las acciones de los diferentes sindicatos.
Al asumir como presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak afirmó que va
a invitar a la Asociación de Funcionarios Judiciales, a la Asociación de
Actuarios y a la Asociación de Magistrados para volver a convocar a la comisión
intergremial que trabajó en el presupuesto del año 2005.
"Vamos a volver a transitar el camino del diálogo entre todos los
gremios para las mejores soluciones para el presupuesto y superar este
diferendo que se arrastra desde hace cuatro años", indicó el nuevo
presidente de la Suprema de Justicia.
Magistrados esperan a Vázquez.
La Asociación de Magistrados del Uruguay se declaró en un cuarto intermedio
permanente y anunció que, por el momento, no tomará ninguna medida de fuerza ni
realizará paros. El gremio se reunió en asamblea el pasado fin de semana y
decidió solicitar una reunión con el flamante presidente Tabaré Vázquez para
intentar concluir el conflicto. Según informaron a El País, Vázquez aún no
respondió este pedido pero esperan que lo haga en cualquier momento.
Funcionarios reclamarán
inconstitucionalidad.
Los funcionarios judiciales realizarán hoy un nuevo paro por reclamos
salariales. Los trabajadores realizarán una asamblea general y una marcha hacia
la Suprema Corte de Justicia "a los efectos de la presentación del recurso
de inconstitucionalidad contra la Ley 19.310", según explican en un
comunicado.
Gustavo Signorele, secretario de Relaciones Institucionales de la
Asociación de Funcionarios Judiciales, dijo a El País que en caso de que la
Suprema Corte no acepte el recurso, se procederá por medio de los abogados del
gremio.
Mediante esta ley, el Poder Ejecutivo estableció un aumento salarial del 8%
para todos los funcionarios del Poder Judicial. Todos los gremios del Poder
Judicial (jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio) se
pronunciaron en contra de la ley aprobada y ya habían anunciado volver a tomar
acciones, entre ellas un recurso de inconstitucionalidad.
Los funcionarios aspiran a que la Ley 19.310 nunca se reglamente o se
implemente una marcha atrás por parte del Ejecutivo. De aprobarse, el fallo en
favor de los judiciales deberá reverse, ya que la sentencia aclara que se
expidió en función de lo que disponga esta norma.
Los trabajadores consideraron a la norma como un "atropello cometido
por los poderes Ejecutivo y Legislativo (...) que busca de forma arbitraria la
solución de un conflicto sin tener en consideración la voluntad de pago
manifestada anteriormente por el Poder Ejecutivo
Fuente: El País.com.uy
http://lascotidianasdeenrique.blogspot.com
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