El Clarín.cl / Escrito por Paul
Walder* - Publicado el 22 Marzo 2015
Tras algunos años
en aparente receso y alejamiento de la agenda informativa, el proceso judicial
por la colusión de las cadenas de farmacias para un alza conjunta en los
precios de los medicamentos regresa recargado. Dos juicios paralelos reclaman
verdadera justicia y una reparación para los afectados. Un primer proceso
engloba demandas colectivas amparadas por Sernac y asociaciones de
consumidores, el que busca compensaciones para los miles de perjudicados.
La otra demanda,
abierta por la Fiscalía Nacional, apunta a los artífices de la colusión, una
docena de ejecutivos de las cadenas de farmacias, para quienes pide condenas de
hasta cinco años de cárcel.
El proceso se
inserta en un contexto informativo marcado por el enjuiciamiento por los
tribunales y por la sociedad a las principales estructuras públicas y privadas,
trance en el cual ni el sistema judicial ha logrado escaparse. La corrupción de
los pilares de la propia institucionalidad, y cuyo paradigma es hoy el caso
Penta, imagen que fusiona al mundo privado y público, ha tenido en estos días
el refuerzo de la colusión farmacéutica. Un sondeo realizado por la empresa
Cadem y CNN Chile publicado el 12 de marzo reveló que el caso de corrupción
privada más recordado y más sentido por los chilenos es este pacto secreto para
subir el precio de los remedios. A siete años de descubierto el fraude, aún
supera en la memoria nacional a otras estafas mayúsculas, como la colusión de
la carne de pollo, el lucro desatado en las universidades o la misma La Polar. Haber
puesto a la salud bajo los criterios de mercado, rentabilidad y por cierto
lucro, es algo que la sociedad no ha olvidado.
El grave deterioro
en la imagen de las instituciones no ha excluido al sistema judicial, hoy
obligado, ante la atenta mirada ciudadana, a cumplir con rigor sus funciones.
Pese a tener en el banquillo y haber enviado a la cárcel a los controladores de
Penta, la desconfianza en la justicia, comprendida como un sistema que favorece
a las elites, es un sentir generalizado. En el mismo sondeo citado se puede ver
que un 60 por ciento de los chilenos considera que el sistema judicial “es malo
o muy malo”, un 85 por ciento asegura que el sistema judicial “no da confianza”
y un porcentaje similar estima “que no asegura igualdad ante la ley”. A la
pregunta si los empresarios tienen un trato especial cuando cometen algún
delito y también que los delitos económicos tienen penas muy bajas en
comparación a otros delitos, la ciudadanía tiene una respuesta contundente: más
del 90 por ciento responde sin vacilación que sí.
A esta mala
percepción se le agrega una realidad: las bajas penas para los delitos de
cuello y corbata, lo que apunta y acusa directamente a las otras instituciones
del estado: al Ejecutivo y, principalmente, al Legislativo, encargado de
elaborar esas leyes. Robar una gallina en Chile tiene más penas que sobornar,
estafar a miles de consumidores, evadir el pago de impuestos por miles de
millones de pesos o pactar para subir arbitrariamente los precios de los
medicamentos. De todos los enormes delitos cometidos por altos ejecutivos en el
área privada, los de Penta son los primeros en pasar unos días en la cárcel.
Cabe recordar que el 2003, durante el gobierno de Ricardo Lagos, el parlamento
eliminó la pena de prisión para el delito de colusión. Hace pocos meses, el
senado rechazó incluir sanciones de cárcel para los que lucren con la
educación. La justicia clasista no es una herencia de los últimos dos siglos,
se cocina en estos momentos en todos los poderes del Estado.
Pese a ello, la
Fiscalía, que ha recogido las demandas de numerosos gremios de la salud y
organizaciones de consumidores, halló un par de viejos artículos en el código
penal que podrían llevar a la cárcel a los creadores y operadores de la
colusión para el alza de los precios de los remedios.
La colusión
farmacéutica estalló hacia finales de la década pasada. Vale recordar que
numerosos reclamos por aumento de precios llegaron a la Fiscalía Nacional
Económica (FNE) el 2008, organismo que presentó una demanda contra las cadenas
de farmacias ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por
alza concertada en los remedios. La colusión le significó a las tres cadenas,
FASA, Cruz Verde y Salcobrand, un beneficio económico adicional de unos 40
millones de dólares, por lo cual la FNE pidió fuertes multas, de unos veinte
millones de dólares para cada una.
FASA, que reconoció
el delito para alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, prácticamente quedó
liberada de multas. Las otras dos cadenas desconocieron la versión de FASA, por
lo que el proceso se extendió contra Cruz Verde y Salcobrand. El 2012 el TDLC
las sancionó a pagar la cuantiosa multa. De forma paralela avanzaron desde
entonces otros procesos impulsados por diversos organismos, como gremios de la
salud y asociaciones de consumidores. De esta vertiente, que buscan delitos de
asociación ilícita y adulteración fraudulenta de precios de primera necesidad,
es el juicio oral que partió el 9 de marzo.
Hasta cinco años de
cárcel
La figura penal que
enfrentan los ejecutivos farmacéuticos está reseñada en el artículo 285 del
Código Penal. Aun cuando la defensa argumenta que fueron juzgados en su minuto,
los querellantes señalan que se trata de cuerpos legales distintos. Si en los
juicios anteriores la responsabilidad recayó en las cadenas, en el proceso
actual se busca la actuación de los ejecutivos. Bajo estos criterios, el fiscal
Jaime Retamal pide, para todos los imputados la pena de presidio menor en su
grado mínimo por cinco años, considerando la agravante de la comisión reiterada
de los delitos.
Retamal ha
explicado que para subir los precios, las cadenas acordaron un mecanismo
denominado 123. A una de las empresas se le asignaba la función de llevar la
delantera en el alza de uno de los medicamentos. Una vez consumada la subida,
las otras dos certificaban en terreno los cambios para proceder al día
siguiente con las alzas respectivas. Al tercer día, las tres cadenas había
subido los precios de aquel medicamento.
De acuerdo con la
investigación de la Fiscalía Centro Norte, estas tres cadenas, que concentran
el 90 por ciento del mercado, alzaron concertadamente los precios de los
medicamentos, alterando así el valor que habrían tenido en caso de que hubiera
seguido operando entre las cadenas una competencia real. Esta alteración
coordinada se tradujo en un alza que sorprendió a consumidores y usuarios,
quienes vieron en muchos casos cómo se duplicaban sin mayor explicación y de la
noche a la mañana el precio de medicamentos de uso diario y permanente. Prácticamente
todos los 222 medicamentos que sufrieron alzas estaban destinados a tratar
enfermedades crónicas, lo que podría ser un agravante durante el actual
proceso.
Entre los
medicamentos cuyos precios fueron manipulados había anticonvulsionantes,
antidepresivos, antipsicóticos, para la hipertensión, colon, menopausia,
inductores del sueño, úlcera, anticonceptivos, etc. Estos vieron incrementados
sus precios hasta en un 134 por ciento. Hasta el momento se desconoce si alguno
de los pacientes tuvo un agravamiento en sus dolencias al no poder adquirir los
medicamentos por las alzas concertadas, aspecto que siguen las asociaciones de
consumidores.
En su acusación, el
fiscal Retamal ha citado la evolución en los precios. Porque durante los años
previos a la colusión, existió un fuerte contexto de competencia y guerra de
precios, tensión comercial con el pacto. A partir del 2007 los ejecutivos de
las cadenas toman contacto con sus contrapartes en los laboratorios, quienes
oficiaron como intermediarios en un proceso de coordinación de alza de precios
programadas. Los ejecutivos de las farmacias facilitaron la coordinación de
estas alzas con las demás cadenas a través de los laboratorios y las
implementaron mediante el ingreso a los sistemas informáticos de los respectivos
locales.
Durante la semana
iniciada el 9 de marzo la fiscalía presentó pruebas contundentes. Retamal
presentó al testigo Jaime Trewik Burle, ingeniero comercial que se desempeñaba
en Farmacias Ahumada entre los años 2001 y 2010, quien a través de la
presentación de una planilla, dio cuenta de cómo operaba el denominado
mecanismo 123 de alza concertada de precios de medicamentos entre las
farmacias. Según el relato realizado en el tribunal, la planilla presentada
tenía un completo registro de 222 medicamentos, con sus precios originales y
los valores a los que llegaron en las tres cadenas en fechas determinadas. La
tabla detallaba qué cadena había procedido en primer, segundo y tercer lugar a
subir sus el precios del fármaco.
Un ejemplo presentado
es el denominado fármaco Ciclomex 15, cuyo precio original era de 2.660 pesos.
Luego se consigna un alza de este anticonceptivo los días 27 de diciembre en
Salcobrand, 28 de diciembre en Cruz Verde y 29 de diciembre en Farmacias
Ahumada. El precio que alcanzó fue de $4.897 en Cruz Verde y $4.900 en las
otras dos.
Nueva colusión a la
vista
Pese a la mala
imagen que la opinión pública tiene de este sector, las tres cadenas siguen con
el control del mercado. Un informe del gobierno de Chile publicado el 2013
constata que entre el 2008 y el 2012 las ventas de las farmacias coludidas
aumentaron un 34 por ciento, para sumar unos 1.200 millones de dólares. En
cuanto a precios, aumentaron durante este periodo en un 23 por ciento. Como
referencia, el IPC de estos cinco años creció sólo un 15,3 por ciento.
Durante los últimos
meses han habido nuevas denuncias sobre alzas aparentemente concertadas entre
las farmacias, las que han llegado nuevamente a la FNE. El ex diputado y
abogado Jaime Mulet, querellante en uno de los casos del 2008 hoy en
tribunales, afirma que es muy probable que esta nueva colusión sea real. La
gente, en especial los enfermos crónicos que deben adquirir de forma permanente
un mismo medicamento, perciben que los medicamentos suben de forma simultánea.
Si esta situación
vuelve a comprobarse estaríamos ante un acontecimiento especialmente grave: las
sanciones no son disuasivas, por tanto las farmacias prefieren pagar la multa y
elevar consensuadamente los precios. Es por ello, dice el abogado, que la única
sanción disuasoria es la cárcel. Pero también es una realidad que el descarado
lobby de las farmacéuticas en el parlamento ha impedido legislar a favor de la
ciudadanía en éste y muchos otros aspectos.
El juicio actual ha
puesto en el banquillo a ejecutivos de las farmacias y de los laboratorios.
Porque de los 222 medicamentos que subieron de forma concertada sus precios,
200 eran con receta, lo que significa que se trata de remedios específicos, de
marca, no intercambiables y de mayor precio. En efecto, si el alza en los
precios que citamos entre el 2008 y el 2012 fue de 23 por ciento, el de los
medicamentos con receta llegó a un 27 por ciento. Son éstos también los que
representan las mayores ganancias para las farmacias y los laboratorios: un 76
por ciento de los ingresos corresponden a remedios con receta. Por tanto, la
colusión es doble. Y si sumamos el lobby y a los legisladores entregados a las
empresas, sería triple.
*Paul Walder
(Artículo publicado en Punto Final)
Fuente: El Clarín.cl /
Punto Final
http://lascotidianasdeenrique.blogspot.com
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