La Haine.org x Comisión Legal Sol / Madrid – 03.04.2015
En las últimas semanas hemos asistido
a una serie de episodios represivos con el fin de atemorizar a los movimientos
sociales ante la aprobación de la ley mordaza
En las últimas semanas hemos asistido
a toda una serie de episodios represivos que parecen haberse orquestado con el
fin de atemorizar a los movimientos sociales y a la ciudadanía organizada ante
la aprobación de la ley mordaza, rubricada definitivamente el pasado miércoles
26 de marzo. El último ejemplo ha sido el reciente ataque a varios CSO’s y
viviendas okupadas en la mañana del 30 de marzo, que se ha saldado con
numerosas detenciones y el registro y destrozo de estos espacios de lucha
colectiva.
En la madrugada del 10 de marzo se asestaba el enésimo golpe represivo a
los movimientos en defensa de la vivienda con la detención en sus propias casas
de 19 jóvenes que habían participado en una protesta contra los desahucios. La
policía imputó a los detenidos un delito contra las instituciones del estado y
algunos de ellos, desórdenes y resistencia, manteniendo a la mayoría de estos
detenidos hasta la mañana del 12 de marzo, en lo que constituye un claro
ejemplo de detención de castigo. La mayoría de las personas
detenidas pertenecen a Distrito14, colectivo que ya había sido previamente señalado y criminalizado desde
fuentes policiales. Lo que nos llama poderosamente la atención es el hecho
de que fueron identificadas el mismo día de la protesta en el pleno por la
Policía Municipal y, como este mismo cuerpo ha expresado, no hubo ningún
conflicto durante la protesta, por lo que ningún agente consideró que existiese
indicio de delito ni necesidad alguna de detenerlos.
Pese a ello, y a pesar de estar perfectamente localizables y no existir
ningún motivo para pensar que no fuesen a comparecer para declarar, casi un mes
después la Policía Nacional irrumpe bruscamente en sus casas a las 7 de la
mañana para llevárselos a comisaría, con la clara intención de amedrentar y
realizar una de sus tantas demostraciones de fuerza, haciendo una vez más de
las detenciones ya no sólo un castigo, sino un auténtico circo.
No existe argumento razonable para justificar estas detenciones, y mucho
menos la agresividad con que se producen, cuando lo lógico, en caso de haber
considerado que concurriese algún hecho punible, es que se hubiese requerido a
los intervinientes para declarar mediante una sensata y acertada citación.
A su vez, apenas una semana y media después de estos hechos, la
manifestación de lasMarchas de la Dignidad de Madrid terminó con la
detención de 17 personas, 3 de ellas menores, tras unas fuertes cargas
policiales en las que los antidisturbios se emplearon con saña y gran violencia
contra los grupos de manifestantes, causando lesiones a la mayoría de las
detenidas por el empleo de una fuerza desproporcionada, llegando a retener tras
las cargas y durante más de 2 horas a cerca de 30 personas en la calle La Paz,
obligándolas a permanecer de rodillas soportando el frío y
sometiéndolas a insultos, golpes y trato degradante. De nuevo, desde la
prensa y desde fuentes policiales se había adelantado una criminalización de
esta marcha, que hacía prever una fuerte represión.
El pasado lunes volvimos a asistir a otra actuación policial teatralizada,
desproporcionada y fuera de contexto, en este caso contra el movimiento anarquista, en un nuevo intento de criminalizar
y atacar tanto a los espacios como a las personas que defienden esta ideología.
El fuerte dispositivo policial desplegado detuvo en Madrid, Barcelona y
Palencia a un total de 27 personas, algunas de las cuales serán llevadas ante
la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal con fines
terroristas, según el propio Ministerio del Interior ha difundido.
No podemos más que manifestar nuestro estupor por la manipulación
mediática que está acompañando todo este asunto, con vulneraciones
constantes del derecho a la presunción de inocencia de las detenidas, fuertes
acusaciones sostenidas únicamente en “fuentes policiales” vagamente
justificadas -llama la atención que una de las principales acusaciones
hable de tenencia de explosivos y se jacten de haber encontrado en los
registros realizados en viviendas “una botella de camping gas”, o que se
reavive de nuevo el fantasma del atentado en La Almudena cuando ya hay personas
cumpliendo penas de prisión por el mismo hecho-, una total falta de información
de los hechos que han motivado las detenciones y un discurso por parte de las
Instituciones que parece un adelanto del Derecho Penal del Enemigo que se
pretende apuntalar con las últimas reformas del Código Penal y la Ley Mordaza.
Ante todo esto sólo cabe una conclusión: se les ha detenido por anarquistas.
Este tipo de detenciones, que inevitablemente nos recuerdan a tiempos
pasados, no nos resultan para nada nuevas. Sólo en los últimos años tenemos
varios ejemplos: los 6 detenidos el 22 de junio por una acción del 29 de mayo
de 2012, el 28 de noviembre por una acción en la Universidad Complutense el 20
de noviembre de 2013, 4 detenidos el 31 de enero de 2014 en un desahucio, 3
detenidos en la Operación Guinda el 27 de febrero del 2014 o los 11 detenidos
el 4 de abril de 2014 por la manifestación del 22 de marzo, en la Operación
PUMA 70. Parece que Delegación de Gobierno ha encontrado en la Caza de
Brujas un modus operandi perfecto para criminalizar y estigmatizar frente a sus
vecinas a las que luchan, y ya de paso atemorizar al resto de personas con
las que comparten la calle.
Una detención, con la privación de libertad que lleva aparejada, así como
la imputación desmedida y gratuita de delitos contra las instituciones del
Estado son actuaciones suficientemente graves para no ser utilizadas de un modo
trivial o interesado.
Igualmente, nos alarman los testimonios de las personas detenidas que confirman
la continuación de los interrogatorios a detenidos por policías (en la mayoría
de los casos de la Brigada Provincial de Información) encapuchados y sin
presencia Letrada; los tratos vejatorios constantes en dependencias
policiales y las agresiones sufridas en la detención. Hemos podido observar
que este comportamiento por parte de la policía tiene un patrón
pre-establecido, modulándose este (mal) trato en función del perfil de las
personas detenidas -cercanas a una ideología concreta y generalmente muy
jóvenes, y el momento en que se produzcan las detenciones. Nos preocupa que
pueda existir alguna base política para aplicar estas cuestionables prácticas
policiales en las detenciones y paso por comisarías, ya que sólo tenemos
noticia de que aparezcan en contextos de movilizaciones sociales ese especial
agravio a las detenidas y conducta inapropiada hacia las abogadas.
Entendemos que nos encontramos en un periodo de precampaña electoral en el
que el discurso de orden y seguridad o la efectividad policial ante supuestas
amenazas (creadas) a la convivencia, suele acarrear un importante rédito
político y que es una estrategia ya antigua infundir temor en posibles votantes
que demandarán mayor castigo ante el aparente escenario de caos, o al menos
asumirán el aumento de represión o pérdida de libertades a cambio de
“protección” o “estabilidad”. Pero no podemos permanecer impasibles viendo
cómo, aprovechando el contexto político cercano a elecciones y a la aprobación
de reformas legislativas punitivas (Código Penal, Ley Mordaza y Pacto
“Antiterrorista”), participar en la comunidad a través de una protesta se
califique aleatoriamente como un delito, y además como un delito contra las
instituciones del Estado, con la gravedad que ello supone.
Resulta verdaderamente inquietante que en un Estado de Derecho se dirija y
aplauda desde la Delegación de Gobierno actuaciones policiales
desproporcionadas utilizadas como castigo o efecto disuasorio ante expresiones
disidentes, debido a su imposibilidad y fracaso a la hora de resolver
profundos conflictos sociales, pretendiendo al mismo tiempo asustar a la
población y criminalizar así a los movimientos sociales en general y, en
especial, a aquellos colectivos que según la conveniencia política del momento
interese: movimientos por la vivienda y anarquistas o sectores desprotegidos y
marginados que intentan encauzar su malestar por la vía de la protesta, a los
cuales se les margina y reprime de manera injustificadamente desigual.
Por otro lado, creemos que la respuesta a estos acontecimientos también
merece una reflexión y revisión por parte de los movimientos sociales. En este
tipo de prácticas represivas se busca, entre otras cosas, generar pánico y
desorganización en el tejido social, razón por la que tenemos que ser capaces
de mantener la calma en este tipo de situaciones. Creemos que
es importante tener en cuenta lo aprendido en estos años y evitar que sean
los aparatos represores los que nos marquen la forma de actuar ante estos
acontecimientos. Seremos nosotras las que marquemos el cuándo y el
cómo, de forma colectiva y organizada. No nos dejaremos amedrentar por
los cuerpos e instituciones que día a día hacer gala de un abuso de poder que
siempre queda impune y seguiremos en la calle, luchando por lo que creemos.
#NoPodránPararnos
Fuente: La Haine.org / Comisión Legal Sol
http://lascotidianasdeenrique.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario