La oposición prepara la batalla legal para enjuiciar a Dilma

Difícil momento político para Dilma. 

Crisis en Brasil / Se acumulan las denuncias

El escándalo de corrupción de Petrobras, que involucra directamente a la alianza de gobierno, y otros manejos oscuros de las cuentas y los organismos de control suman munición para un impeachment

Por Alberto Armendariz  | LA NACION - Viernes 17 de abril de 2015 | Publicado en edición impresa

RÍO DE JANEIRO.- Los vientos soplan en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Tras las masivas marchas de los últimos dos meses para presionar al Congreso a iniciarle un juicio político por su responsabilidad frente al esquema de corrupción en Petrobras, y con el arresto anteayer del tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), presuntamente involucrado de manera directa en el escándalo, la oposición comenzó a preparar la batalla legal de cara a un eventual impeachment.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) aportó ayer una munición que podría ser clave al hallar indicios de que el gobierno violó la ley de responsabilidad fiscal entre 2012 y 2014 cuando demoró el traspaso de recursos a los bancos públicos para manipular artificialmente las cuentas, la apodada "contabilidad creativa". Frente a estos retrasos, el Banco de Brasil, la Caja Económica Federal y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) tuvieron que usar fondos propios para cubrir gastos sociales que son cargas que corresponden al gobierno federal, como el programa Bolsa Familia y el seguro de desempleo. Una "bicicleta financiera" que en la práctica representó un préstamo de los bancos al gobierno.
El asunto no está específicamente relacionado con el escándalo de corrupción destapado en Petrobras, por el cual varios directivos de la compañía cobraron sobornos a empresas para garantizarles contratos con la petrolera y después, supuestamente, desviaron parte de ese dinero a políticos oficialistas. Sin embargo, como la responsabilidad de Rousseff en el caso sería muy difícil de probar, desde la oposición se cree que la revelación del TCU ofrece una promisoria cuña para introducir el pedido de impeachment.
El gobierno parece temer que esta estrategia tome tracción y ayer mismo pidió al abogado general de Brasil, Luis Inacio Adams, que presente una apelación al veredicto del TCU. "A no ser que haya una inquisición, en la que se juzga sin defensa, es necesario que el TCU escuche a los acusados", destacó Adams.
Su postura es básicamente la misma que la que el PT asumió sobre la detención de su tesorero, João Vaccari Neto, acusado de haber disfrazado como donaciones al partido dinero desviado de la red de corrupción en Petrobras. Para la cúpula petista, los fiscales que llevan las investigaciones del escándalo que estremece al país todavía deben demostrar que sus denuncias son ciertas.
Sin embargo, para las fuerzas de la oposición, el arresto del tesorero las convenció del camino a seguir. Las principales agrupaciones opositoras, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Verde (PV), el Demócratas (DEM), y Solidaridad (SD), decidieron que asumirán una posición conjunta sobre un eventual pedido de juicio político en la Cámara de Diputados.
"Estamos subiendo un escalón más cada vez. La prisión de Vaccari es un ladrillo más en este proceso. Aumenta la combustión entre la cuestión política y la cuestión jurídica. Para tener seguridad jurídica en un eventual pedido de impeachment estamos viendo cómo caracterizar el crimen de responsabilidad", señaló el senador Aécio Neves, presidente del PSDB y ex rival de Rousseff en las últimas elecciones.
Otro de los frentes que evaluará la oposición es confirmar si, como reveló esta semana el diario Folha de São Paulo, la Contraloría General de la Unión (CGU) demoró hasta después de los comicios presidenciales la apertura de un proceso contra la empresa holandesa SBM Offshore por denuncias de pagos de sobornos a Petrobras, con la intención de que las acusaciones no obstaculizaran la reelección de Rousseff.
Sólo una vez que haya argumentos jurídicos firmes, el bloque opositor presentaría al Congreso el pedido de juicio político. Quienes no titubean son los líderes de los grupos cívicos que organizaron las masivas marchas en contra del gobierno el 15 de marzo y el 12 de abril en todo el país. Tras una reunión con los partidos opositores, los conminaron a actuar dentro del Congreso en pos del impeachment.
"Si en las calles nos podemos organizar, ¿por qué la oposición no puede hacerlo? Llegamos a nuestro límite de convocatoria, llevamos tres millones de personas a las calles y lo impensable sucedió, lo hicimos sin que ni una sola vitrina haya sido rota. Lo que queremos ahora es una demostración de que lo imposible puede también hacerse en el Congreso Nacional", presionó Rogerio Chequer, del movimiento Vem pra Rua..

Del editor: cómo sigue. Dilma recibe malas noticias a diario. Pero, si bien la oposición tiene algunos argumentos legales para su juicio, la presidenta aún cuenta con un escudo político.

Fuente: La Nacion.com.ar

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