Tres
oficiales del Ejército encargados de la lucha antisubversiva fueron pasados a
Tribunal de Honor en 1979 acusados de secuestrar a un argentino, ajeno a toda
guerrilla, a quien quisieron hacer pasar por montonero con el fin de sacarle
cuatro millones de dólares.
Semanario Brecha nº
1532 / Autor: Leonardo Haberkorn - 31 marzo,2015 Foto: Chele, archivo Brecha
Verano de 1979. Gobierna la dictadura militar y todavía no hay signos de
apertura política en Uruguay. Un señor llamado Luis Camuyrano llega a la
Jefatura de Montevideo para hacer una denuncia. En los papeles en los que se
basa este reportaje no queda claro si fue el miércoles 14 o el jueves 15 de
marzo.
Camuyrano, que es argentino, dice a quien lo atiende en la Jefatura de
Policía que en los últimos cuatro días lo han secuestrado dos veces, se lo
llevan y lo vuelven a dejar en el hotel donde está alojado, prometiéndole
volver a secuestrarlo. Dice que lo extorsionan y que lo tienen amenazado de
muerte. Que le han propuesto “un acuerdo para ser liberado a cambio de la
entrega a sus captores de cuatro millones de dólares”. Que lo han obligado a
enviar un télex a un banco de Europa con ese objetivo. Que cuando el dinero
llegue, sus secuestradores se quedarán con él.
Cuenta que se aloja en el hotel Crillón y que en cualquier momento volverán
por él, para exigirle el dinero. Si no lo tiene, lo matarán. Y acá viene lo más
interesante. Dice que sus secuestradores son militares y policías. Que él no
tiene nada que ver con los Montoneros ni con ninguna guerrilla. Que está en
Montevideo por negocios, una venta de carne, una exportación de grasa para
Bolivia.
Obviamente no era fácil en aquellos años llegar a la Jefatura de Policía y
denunciar por secuestro y extorsión a policías y militares. Pero Camuyrano –que
no era un niño inocente– habrá estimado que esa era la última carta que le
quedaba por jugar, que no tenía otro remedio, que de lo contrario lo matarían.
Todo está registrado en unos papeles que pertenecen al propio Ejército. Y
demuestran con claridad, ponen en blanco sobre negro, que ciertos oficiales de
la Policía y las Fuerzas Armadas –que tenían a su cargo la lucha
antisubversiva– amenazaban, secuestraban y extorsionaban. No como parte del
combate a los movimientos subversivos, sino, simplemente, como vulgares
ladrones para quedarse con dinero ajeno.
***
No se sabe si Camuyrano habrá tenido tal grado de sinceridad con quien le
tomó la denuncia como para contarle que sus propios negocios tampoco solían ser
legales. Más que un empresario, él, Luis Felipe Camuyrano De León, argentino
residente en Italia, era un delincuente de cuello blanco. Tenía sus códigos. No
usaba la violencia. Lo suyo eran estafas, falsificaciones, droga.
Cuando llegó esa tarde de marzo a la Jefatura de Policía de Montevideo,
Camuyrano llevaba apenas cinco meses de goce de libertad, luego de haber pasado
un lustro preso en Alemania.
Aunque esa historia no está registrada en los papeles del Ejército, sí está
en el ejemplar del 18 de octubre de 1973 del diario La Vanguardia de Barcelona.
Camuyrano integraba una banda de estafadores que contactaba a los familiares de
las víctimas del naufragio del trasatlántico Andrea Doria para sacarles dinero
con el fin de solventar una inexistente operación de rescate del buque. Decía
ser dueño de una sólida y experimentada empresa de rescate marítimo, y exhibía
documentos que así lo demostraban. Falsos, claro.
Quién sabe, en realidad, qué “negocio” había traído a Camuy-rano a
Montevideo. Es probable que la idea de venir a Uruguay fuera del doctor
Ferreira Estrada, socio y compinche, también con antecedentes penales varios:
estafa, falsificación y contrabando.
Lo más seguro es que todo haya sido una trampa de Ferreira Estrada.
Lo más seguro es que todo haya sido una trampa de Ferreira Estrada.
***
Camuyrano terminó de hacer su denuncia y quien la recibió le dio curso.
El jueves 15 de marzo, un comisario de apellido Márquez le pidió al
comisario Hugo Campos Hermida, jefe de la Brigada de Narcóticos de la Dirección
Nacional de Información e Inteligencia, que le prestara “grabadores y
captores”: los necesitaba porque había un caso de “secuestro en el hotel
Crillón” e iban a investigarlo.
Un secuestro en el hotel Crillón. Campos Hermida se dio cuenta de que se
trataba de Camuyrano y se desesperó. Él estaba implicado en esa extorsión.
Estaba muy involucrado. ¡Toda la historia había comenzado cinco días antes en
su propio despacho!
Hay que parar esto ya mismo, pensó, y corrió a la oficina del inspector
Leonel Luna Méndez, director de Investigaciones, para pedirle que por favor no
siguieran adelante.
El inspector Luna Méndez relataría luego, y quedó anotado por escrito, que
Campos Hermida llegó a su despacho exhibiendo una “alteración nerviosa”. Le
manifestó que “estaba metido” en una extorsión. Tan atormentado estaba que le
dijo que “quería pegarse un tiro”.
Luna se contactó entonces con el mismísimo jefe de Policía de Montevideo, el coronel Hugo Arregui, y le relató lo que estaba sucediendo. Campos Hermida fue interrogado entonces por el Jefe de Policía y declaró más o menos lo mismo. Pidió “que el hecho se hiciera pasar como un procedimiento de sedición a efectos de no ser perjudicado”.
Luna se contactó entonces con el mismísimo jefe de Policía de Montevideo, el coronel Hugo Arregui, y le relató lo que estaba sucediendo. Campos Hermida fue interrogado entonces por el Jefe de Policía y declaró más o menos lo mismo. Pidió “que el hecho se hiciera pasar como un procedimiento de sedición a efectos de no ser perjudicado”.
Se puede suponer que allí mismo Campos Hermida le advirtió a los jefes de
la Policía montevideana que no se trataba sólo de él, sino que también había
metida gente del Ejército, del Ocoa ni más ni menos, el poderoso Organismo
Coordinador de Operaciones Antisubversivas de las Fuerzas Armadas. Estaba
metido un comandante del Ocoa, el teniente coronel Ernesto Ramas.
“Ramas sabía que era por dinero”, admitió Campos Hermida ante sus
superiores.
Pero, por algún motivo, sus súplicas no fueron oídas y la investigación
siguió.
No se sabe qué pasó en la Policía, pero en el Ejército todo terminó en un
Tribunal de Honor. Las actas de ese escandaloso Tribunal de Honor, no todas
pero casi, son los papeles que respaldan este informe.
***
Todo había comenzado cinco días atrás.
El 10 de marzo un argentino con antecedentes penales llamado Ferreira
Estrada llegó a la oficina del comisario Campos Hermida y pidió para hablar con
él.
Campos Hermida diría luego que lo atendió porque lo conocía de un trato
comercial que habían tenido en 1962, cuando trabajaba manejando un remise.
Según lo que declaró el comisario cuando fue interrogado como testigo por
el Tribunal de Honor del Ejército, Ferreira Estrada le contó que estaba en
Montevideo con un socio, un tal Luis Camuy-rano, que le debía plata a pesar de
que tenía millones de dólares depositados en un banco europeo.
Tras la entrevista, Campos Hermida no informó nada a sus superiores en la
Policía sino que se puso directamente en contacto con el teniente coronel
Ramas, segundo comandante del Ocoa.
Ramas montó un operativo para detener a Camuyrano. Tampoco él le avisó a su
superior, el coronel Julio C González. Participaron, además de Campos Hermida y
el propio Ramas, otros dos oficiales del Ejército, el capitán Julio Tabárez y
el teniente primero Antranig Ohannessian; y dos agentes policiales al servicio
del Ocoa, los sargentos Nurmi Suárez y Washington Grignoli.
Fue un operativo del Ocoa –a espaldas del jefe del Ocoa– para apresar a
Camuyrano.
***
La Policía liberó a Camuy-rano, que seguramente habrá escapado a Argentina
o regresado a Europa.
Los tres oficiales de la Policía implicados en el secuestro fueron
interrogados por sus superiores. Un resumen de sus declaraciones fue entregado
como insumo a los miembros del Tribunal de Honor del Ejército. Algunos pasajes
de esas declaraciones, muy significativas, aparecen en las actas del tribunal.
No consta si los tres policías implicados fueron sancionados. Sí que el
sargento Nurmi Suárez pidió o recibió la baja y se fue a vivir a Argentina.
Campos Hermida y Grignoli fueron citados al Tribunal de Honor sólo como
testigos, ya que esa corte militar sólo tenía como cometido juzgar el proceder
de los oficiales del Ejército implicados en el caso. Sus declaraciones, de
todos modos, están en las actas.
En el Ejército, mientras tanto y antes de que se conformara el Tribunal de
Honor, hubo una investigación “sumaria” que determinó sanciones para Ramas,
Tabárez y Ohannessian, firmadas por el propio comandante en jefe, el teniente
general Luis Vicente Queirolo (véase recuadro).
CAMPOS HERMIDA PASA VERGÜENZA. El Tribunal de Honor se reunió por
primera vez el 11 de junio de 1979 en el Hospital Central de las Fuerzas
Armadas. Lo integraban cuatro coroneles. Como presidente, Doroteo de León. Como
vocales, Pedro H Gonnet y Alfredo A Rubio. Juan C Curutchet era vocal
secretario.
Oficiaba de auxiliar para el registro de declaraciones y otras tareas de
apoyo, pero sin poder de decisión, el mayor Rafael Miranda.
Campos Hermida, cuyo testimonio resultaba clave para saber cómo había
comenzado todo, compareció el 24 de julio de 1979.
Hábil declarante, el comisario trató de darle largas al asunto, de diluir
el relato y evadir las preguntas con historias laterales exasperantemente
largas.
Uno de los coroneles lo interrumpió:
—En forma breve, perdone, quiero que me conteste cómo (Ferreira Estrada) le
presentó el caso.
Entonces Campos Hermida contó que Ferreira Estrada fue a verlo a su oficina
y le dijo que Camuyrano era un montonero, que “tiene la hija que es montonera,
que está en Francia” y que “tiene además 12 millones de dólares en un banco
suizo”.
Campos Hermida insistió en que él le pasó el caso al teniente coronel
Ernesto Ramas, subjefe del Ocoa, y se desligó del asunto. No le creyeron.
Tampoco le creyeron que hubieran secuestrado a Camuyrano pensando de verdad que
era montonero. Para el momento de aquella sesión del Tribunal de Honor, más de
tres meses después del día en que el argentino se había presentado en la
Jefatura de Policía para denunciar su caso, ya estaba del todo claro que
Camuyrano no tenía nada que ver con la guerrilla, una información fácilmente
comprobable con una llamada de teléfono a los servicios de inteligencia de
Argentina.
Por eso mismo, en el Tribunal, en alguna fría sala del Hospital Militar,
esos cuatro coroneles le preguntaron una y otra vez a Campos Hermida por qué no
había chequeado la información que le había proporcionado un hombre al que no
veía desde hacía tantos años, que no era un informante habitual y que tenía
antecedentes penales, antes de pasarla al Ocoa y montar un operativo.
Un coronel le dijo al comisario con evidente disgusto:
—Yo lo que no veo claro es cómo ustedes le creen con tanta seguridad a
Ferreira Estrada que el hombre era montonero…
Otro coronel le preguntó si dado que Camuyrano supuestamente era montonero, por qué Ferreira Estrada no lo había denunciado en Argentina y había venido a hacerlo a su oficina.
Otro coronel le preguntó si dado que Camuyrano supuestamente era montonero, por qué Ferreira Estrada no lo había denunciado en Argentina y había venido a hacerlo a su oficina.
Las explicaciones de Campos Hermida no resultaron creíbles. Los militares
que lo interrogaban no le creyeron nada, según queda claro de la lectura de las
actas.
Uno de los coroneles le recordó al comisario su desesperada irrupción en la
oficina del inspector Luna, cuando el asunto comenzó a descubrirse:
—Comisario Campos; en determinado momento, ante uno de los comisarios
inspectores, ante ese camarada usted manifestó con un gesto deprimido que
estaba metido en el asunto de la extorsión y que quería pegarse un tiro. ¿Cuál
era el motivo de la desesperación, entonces?
Está en las declaraciones.
Campos Hermida respondió que no había sido tan así.
—Aunque usted diga que no es así, usted firmó allí –le recordaron–.Ya de
entrada se sabía que andaba en danza el dinero.
Campos Hermida lo admitió:
—Sí, señor.
Luego trató de hacer una precisión: “había dinero; no era por dinero, había
dinero, es distinto”.
Pero reconoció que pensaban hacerse con el dinero de Camuy-rano y que le
darían una parte a Ferreira Estrada por haberles pasado el dato.
“Sí, son cinco partes, es una que hay que respetar para el informante”, le
explicó Campos Hermida a los coroneles, sin pudor. Y contó que le había dado
garantías al informante de que podía confiar en los hombres del Ocoa: ellos
respetarían el acuerdo para repartir el dinero y le entregarían su parte.
Citándose a sí mismo, el comisario recordó ante el Tribunal de Honor las
palabras con las que había tranquilizado a su informante: “En eso usted no va a
tener ningún problema, Ferreira, con esta gente no va a tener ningún problema,
si en caso de que se reciba ese dinero, que ese dinero esté oficialmente, delo
por hecho, no le quepa la menor duda”.
—¿Por qué causa –le preguntó uno de los coroneles– se presentó usted en el
despacho del señor jefe de Policía, parece que alterado psíquicamente, y le dio
a entender al señor jefe de Policía que se podía encontrar involucrado en un
hecho delictivo. (…) Y por qué usted (…) le pidió al señor jefe de Policía que
se hiciera pasar el hecho como de un procedimiento de sedición a efectos de no
perjudicarlo.
—Bueno –respondió– yo no recuerdo, no recuerdo que haya dicho esas
palabras, que se hiciera pasar un procedimiento…
—Le pidió al jefe de Policía que hiciera pasar el hecho como un
procedimiento de sedición a efectos de no perjudicarlo… –le refrescaron la memoria,
mostrándole sus propias declaraciones ante los mandos policiales.
Campos Hermida pasó vergüenza en el interrogatorio. “Yo sé que tal vez
ninguno de ustedes crean lo que yo les estoy diciendo”, dijo en un momento.
Por último le preguntaron por el comandante Ramas. En sus declaraciones
ante los jefes policiales, Campos Hermida había dado a entender claramente que
Ramas sólo quería el dinero de Camuyrano. Ahora intentó rebajar sus
afirmaciones:
—A mí me preguntan después qué pienso yo, si el comandante Ramas podía
haber hecho esto, podía haber hecho una extorsión, yo no creo que él, de
ninguna manera, que el comandante Ramas pueda haber hecho una extorsión, no lo
puedo creer. Que barajaron mal la cosa o que manejaron mal el procedimiento.
INTERROGATORIOS A CAMUY-RANO. Leyendo las sucesivas entrevistas
realizadas por el Tribunal de Honor se puede reconstruir qué pasó con
Camuy-rano.
Todo fue muy rápido. Ferreira Estrada habló el sábado con Campos Hermida.
El comisario llamó a Ramas y se planificó el operativo. El domingo de noche, a
las 21 horas, detuvieron a Camuy-rano en la esquina de Uruguay y Paraguay.
Lo llevaron, encapuchado y esposado, no a la base del Ocoa, sino a la casa
de Ramas en El Pinar, sin dar aviso del procedimiento a los superiores del Ocoa
ni de la Policía.
Ramas, el dueño de casa, interrogó personalmente a Camuy-rano. Es de
suponer que habrá empleado los oprobiosos métodos a la usanza del momento. Pero
no se puede saber con certeza, porque si bien el interrogatorio de los cuatro
coroneles que conformaron el Tribunal de Honor es meticuloso en cuanto a si se
cometió o no una extorsión, no hay preguntas sobre malos tratos o torturas al
detenido.
Sea como sea que haya sido, en esa primera jornada de interrogatorio en la
casa de El Pinar quedó claro que Camuyrano tenía dinero en Europa.
El argentino fue luego llevado al hotel Crillón de modo que pudiera
realizar los trámites necesarios para traer el dinero: cuatro millones de
dólares que se repartirían entre sus secuestradores y Ferreira Estrada.
Según declaró Campos Hermida, “Ramas le manifestó que liberó al detenido
para posibilitar algún contacto, que dinero existiría, estando en
averiguaciones si se podría transferir…”
El martes 13 volvieron a secuestrar a Camuyrano y esta vez lo llevaron a la
“base Roberto” del Ocoa, aunque nuevamente no anotaron su ingreso ni avisaron
al coronel al mando.
Volvieron a interrogar al argentino, seguramente preguntándole qué había
podido avanzar para traer el dinero a Uruguay. Camuyrano relató a la Policía
que tras ese segundo secuestro, el propio Ramas lo llevó de regreso al hotel
Crillón y le anticipó que a partir de ese momento los interrogatorios serían a
cara descubierta.
Quizás ese detalle fue el que hizo entrar en pánico a Camuy-rano y lo
decidió a presentarse en la Jefatura de Policía para denunciar su caso.
***
El sargento Grignoli, interrogado como testigo por el Tribunal de Honor
acerca de los motivos por los cuales Camuyrano fue detenido, respondió:
—Era un montonero, que estaba acá buscando documentos, tratando de
conseguir documentos para presuntamente… habría un dinero de por medio que
estaba en Europa que sería de los Montoneros y que habría tratado de
recuperarlo…
Antes, cuando sus jefes de la Policía le preguntaron en qué lío andaba metido, Grignoli lo había contado todo. Había dicho entonces que el teniente Ohannessian había quedado encargado de hacer los trámites con el banco en el que Camuyrano tenía los millones, para que los dólares fueran girados a Uruguay.
Antes, cuando sus jefes de la Policía le preguntaron en qué lío andaba metido, Grignoli lo había contado todo. Había dicho entonces que el teniente Ohannessian había quedado encargado de hacer los trámites con el banco en el que Camuyrano tenía los millones, para que los dólares fueran girados a Uruguay.
Los coroneles del Tribunal de Honor, con esas declaraciones en sus manos,
le recordaron sus dichos a Grignoli. Uno de ellos le preguntó:
—¿Por quién tuvo conocimiento usted de que el teniente Ohannessian era el
encargado de hacer averiguaciones con respecto a la posible transferencia de
fondos de Europa hasta acá?
Luego de unos balbuceos, Grignoli respondió que lo presumió porque
usualmente Ohannessian se encargaba de ese tipo de trámites.
Uno de los coroneles del tribunal le retrucó:
—Sí, bueno, pero en las declaraciones usted no dice que presume, usted dice
que fue él el encargado. ¿Se acuerda en qué momento usted se enteró o de qué
forma, expresado correctamente y no presunciones?
—No, señor, concretamente quién me lo dijo no recuerdo.
—¿Pero usted tenía la seguridad de que él era el encargado?
—Sí, yo pienso que sí, no tengo ninguna otra cosa que pensar, de otra
persona que pueda hacerlo, ni que alguien más pudiese…
***
Ohannessian declaró que no hizo ninguna averiguación en los bancos para
traer el dinero de Camuyrano desde Europa. Es “totalmente mentira al cien por
cien”.
Sin embargo, admitió que Ramas le habló del dinero tras interrogar a
Camuyrano.
Las actas de las comparecencias de Ramas y Tabárez ante el Tribunal de
Honor faltan en los papeles a los que se accedió. Sin embargo, en sus considerandos
finales, el Tribunal repasa los principales datos obtenidos en su pesquisa y
allí se citan algunos pasajes de lo que declararon estos dos oficiales.
Ramas, por ejemplo, dijo que aceptó la propuesta de Campos Hermida para
detener a Camuy-rano porque quería impresionar a sus superiores. Relató que
tras el primer interrogatorio en El Pinar, le quedó claro que Camuyrano no era
montonero y que le habría dicho a Campos Hermida que era todo un “bolazo”.
Sin embargo, no pudo explicar por qué entonces lo volvió a secuestrar otra
vez dos días después.
Según quedó estampado en las conclusiones del Tribunal de Honor, según
Ramas “el motivo de esta nueva detención se debió a nuevos informes surgidos de
la Policía, pero no puede determinar cuáles fueron, aunque ambos
interrogatorios fueron conducidos por él”.
Además, Ramas admitió que en el segundo interrogatorio a Camuyrano, en la
base del Ocoa, “se trató la posibilidad de efectuar una transferencia de fondos
de bancos europeos”.
Tabárez, por su parte, en su comparecencia ante el Tribunal de Honor,
manifestó que Ramas, que era su superior, le ordenó participar del operativo y
le dijo que se trataba de detener a un montonero.
Relató haberle preguntado a su jefe qué opinión tenía el coronel González,
el jefe del Ocoa, sobre el operativo y recordó que su superior le respondió que
“aún no había hablado con el señor coronel a los efectos de no crear una falsa
expectativa”.
Tabárez dijo no haber participado de la sesión de preguntas a Camuyrano
pero contó que Ramas le comentó “que del interrogatorio practicado no surgen
indicios de valor subversivo”. Y que personalmente escuchó como Camuyrano le
decía a Ramas que tenía dinero depositado en Alemania y Suiza.
Además, agregó que luego de la segunda detención del argentino, Ramas le
ordenó retirar cierta documentación del Ocoa, al parecer referente al caso.
El Tribunal no interrogó al sargento Nurmi Suárez, porque ya no revistaba
en la Policía y había emigrado a Argentina. Pero se cita lo que Suárez
manifestó cuando fue interrogado por sus superiores de la Jefatura de Policía
de Montevideo, declaraciones muy significativas que quizás expliquen por qué
Suárez no siguió en la Policía y se marchó del Uruguay. Dice en una de las
fojas del Tribunal de Honor: “El ex sargento Nurmi Suárez, en el interrogatorio
primario, admite haber participado en el operativo, conjuntamente con los
señores teniente coronel Ernesto Ramas, capitán Julio Tabárez, teniente primero
Antranig Ohannessian, comisario Campos Hermida y sargento primero Washington
Grignoli, manifestando que los actuantes en ningún momento hablaron de sedición
y sí de reparto de dinero, hecho ratificado en su acta policial”.
Suárez también relató que “el teniente primero Antranig Ohannessian había
manifestado que no había necesidad de viajar a Europa para efectuar la
transferencia de los fondos y habría quedado en hacer las averiguaciones al
respecto”.
SECUESTRO EXTORSIVO. Todo lo que ocurrió después no es menos escandaloso.
Los coroneles que tan duramente habían interrogado a los testigos y a los
acusados, en vista de las declaraciones obtenidas debieron necesariamente haber
llegado a la conclusión de que el secuestro de Camuyrano había tenido como fin
principal, o único, el hacerse con su dinero. Un secuestro extorsivo. Un delito
común, vulgar y grave.
De hecho, en los vistos y considerandos de su resolución final, todo apunta
en ese sentido.
Pero, sin embargo, el Tribunal de Honor emitió un fallo muy benévolo.
La falta cometida por Ramas “no afecta el honor de las Fuerzas Armadas ni
del cuerpo de oficiales”, estableció el tribunal. Lo mismo para Tabárez y
Ohannessian.
En los tres casos se consideró que lo ocurrido se trató de un hecho
“aislado” y eso se consideró un atenuante. Además, se relativizó la denuncia
por provenir de personas con antecedentes penales.
Sólo a Ramas se le cargó con un agravante, el ser jefe y haber sido el
responsable del procedimiento. El hecho de que hubiera ordenado retirar
documentación del Ocoa se consideró probado y se estableció que fue una “falta
de discernimiento grave, pero circunstancial”.
Las sanciones exactas aplicadas no se aprecian en la documentación consultada porque quien hizo públicos estos papeles mantuvo en secreto el fallo definitivo del Tribunal de Honor sobre Ramas y Tabárez.
Las sanciones exactas aplicadas no se aprecian en la documentación consultada porque quien hizo públicos estos papeles mantuvo en secreto el fallo definitivo del Tribunal de Honor sobre Ramas y Tabárez.
Sin embargo, en el legajo de Ramas se aprecia que tras el Tribunal de Honor
estuvo seis meses suspendido, sin puesto en el Ejército, encuadrado en la
categoría de “No disponible”. Ese período fue desde el 2 de enero al 3 de julio
de 1980.
El fallo de Ohannessian, el único del cual se obtuvo el acta del Tribunal
de Honor en esta investigación, seguramente fue igual al de Tabárez.
Ohannessian fue encuadrado dentro de lo que se llama “amonestación por falta leve” y se dejó expresa constancia de que se trató de un caso aislado en su proceder como oficial. El Tribunal apenas se limitó a exhortarlo a que en el futuro “brinde al superior el debido asesoramiento a efectos de evitar actuaciones que dejen dudas sobre la rectitud de procedimientos en cumplimiento de misiones por parte de integrantes del Ejército”.
Ohannessian fue encuadrado dentro de lo que se llama “amonestación por falta leve” y se dejó expresa constancia de que se trató de un caso aislado en su proceder como oficial. El Tribunal apenas se limitó a exhortarlo a que en el futuro “brinde al superior el debido asesoramiento a efectos de evitar actuaciones que dejen dudas sobre la rectitud de procedimientos en cumplimiento de misiones por parte de integrantes del Ejército”.
QUEIROLO Y EL TRIBUNAL DE HONOR. La benigna resolución del Tribunal
indignó al comandante en jefe del Ejército, el teniente general Luis V
Queirolo.
El 30 de agosto de 1979, Queirolo devolvió al Tribunal de Honor su fallo
dejando constancia expresa de que el Comando General del Ejército no compartía
lo actuado y lo resuelto.
“La gravedad de los hechos en los cuales tuvieron participación fundamental
un jefe y dos oficiales subalternos no fueron debidamente analizados”,
manifestó el comandante del Ejército.
Queirolo hizo notar que el Tribunal no profundizó en su búsqueda de la
información ni interrogó a “personas fundamentales” en el caso: Camuyrano,
Ferreira Estrada y Nurmi Suárez, entre ellos.
Tampoco –protestó el comandante–, se averiguó qué pasó con el télex
supuestamente enviado a un banco europeo para que los millones de dólares de
Camuyrano fueran girados a Uruguay. Y no se le dio la adecuada valoración al
grave hecho de que se sacara documentación del Ocoa, “lo cual incluso podría
llegar a configurar delito”.
“Las respuestas de los involucrados ante el Tribunal General de Honor lejos
de aclarar los hechos, los confunden”, lamentó el comandante del Ejército y
ordenó que el fallo fuera devuelto al Tribunal.
“Por lo expuesto –estableció– se servirá lo pertinente a los efectos de
continuar las actuaciones y agotar los medios para permitir esclarecer en todo
su alcance los hechos.”
***
Sólo teniendo los papeles delante se puede creer lo que sigue.
El
Tribunal le respondió al comandante en jefe del Ejército recién el 9 de octubre
de 1979. Es decir, los cuatro coroneles se tomaron 40 días para contestarle a
su jefe.
¿Y qué le dijeron los coroneles al teniente general Queirolo?
Que el fallo estaba bien, que no embromara más: no se podía entrevistar a
Camuyrano, ni a Ferreira Estrada, ni al ex policía Nurmi Suárez porque se
habían ido a la Argentina, no se podía saber qué había pasado con el télex
porque Antel no guardaba registro de los télex enviados, no se podía creer a
los acusadores porque eran personas con antecedentes y, por eso, habían
decidido priorizar “la buena conducta anterior” de los oficiales juzgados.
Y se reafirmaron en su benévolo fallo.
***
La discrepancia entre el comandante del Ejército y los integrantes del
Tribunal de Honor fue laudada ni más ni menos que por el entonces presidente de
facto Aparicio Méndez, con fecha 11 de diciembre de 1979.
Méndez y su ministro de Defensa, Walter Ravenna, dirimieron el caso a favor
del Tribunal y laudaron que lo actuado era correcto.
Brecha accedió al acta en la cual Méndez y Ravenna firmaron ratificando el fallo del Tribunal sobre Ohannessian, y cabe concluir que lo mismo habrán hecho para Ramas y Tabárez.
Brecha accedió al acta en la cual Méndez y Ravenna firmaron ratificando el fallo del Tribunal sobre Ohannessian, y cabe concluir que lo mismo habrán hecho para Ramas y Tabárez.
RAMAS, SANCION Y DESPUÉS. En el legajo de Ernesto Ramas
constan las dos sanciones que recibió: la suspensión de seis meses tras el
Tribunal de Honor y sanción de 60 días de arresto a rigor que se le impuso
antes de ser sometido al Tribunal. Se agrega que esta última le fue impuesta el
16 de marzo de 1979 por orden del propio comandante del Ejército, el general
Queirolo.
Con igual fecha, el coronel González, máximo jefe del Ocoa, anotó en el
legajo de Ramas: “En coordinación con funcionarios policiales, integrantes de
la Brigada de Narcóticos, dependiente de la Dirección Nacional de Información e
Inteligencia, realiza un operativo antisedicioso, el cual presenta ciertas
irregularidades en la forma como se procedió. Funcionarios policiales
intervinientes expresan que el operativo se había realizado con la intención de
lograr beneficios personales por parte de los ejecutores del operativo”.
González escribió a continuación que Ramas insistió en que todo fue un
operativo contra la sedición. Pero agregó: “Al exponer cómo se gestó y se llevó
a cabo el operativo, demostró en esta oportunidad no haber tenido un claro
concepto en el desempeño de sus obligaciones”.
Debido al caso, las notas obtenidas por Ramas para su desempeño en 1979,
fueron las peores:
Conducta: deficiente.
Capacidad militar: deficiente.
Calificación sintética: deficiente.
Ramas firmó el “conforme” de estas calificaciones, según consta en su
legajo. Sin embargo, luego de los seis meses de suspensión fue nombrado jefe
del Departamento de Mantenimiento Automotor del Servicio de Material y
Armamento del Ejército (Sma).
Su jefe allí, la máxima autoridad del Sma, era el coronel Alfredo Rubio.
Curiosamente, Rubio había sido uno de los cuatro integrantes del benévolo
Tribunal de Honor.
Luego Ramas ascendería a coronel.
Hoy está preso y con una condena a 20 años de cárcel como corresponsable de
28 asesinatos.
Tabárez también llegó a coronel.
Ohannessian llegó a mayor. Está preso a la espera que se procese un pedido
de extradición de Italia, para ser juzgado por su participación en la operación
Cóndor.
Consultado a través de su abogada Rosanna Gavazzo, Ramas hizo saber que no
le interesaba hacer declaraciones sobre el caso Camuyrano y el Tribunal de
Honor al que fue sometido.
Tabárez, que fue ubicado en su domicilio, se disgustó por el hecho de que
las actas del Tribunal de Honor tomaran estado público.
Consideró que se trata de un documento privado. No quiso hacer
declaraciones. “Yo fui exonerado de toda responsabilidad y el fallo fue
ratificado por el presidente de la República”, dijo.
Ohannessian no pudo ser consultado.
***
El único integrante del Tribunal de Honor que permanece vivo es el entonces
coronel Pedro Gonnet, hoy general retirado.
Consultado para este informe por el caso dijo: “No recuerdo nada. ¿Está seguro de que yo participé de ese tribunal?”
Se le leyeron varias de las actas que llevaban su firma, se le ofrecieron detalles, fechas, nombres, pero no hubo caso. “No recuerdo nada. Han pasado muchos años.”
Consultado para este informe por el caso dijo: “No recuerdo nada. ¿Está seguro de que yo participé de ese tribunal?”
Se le leyeron varias de las actas que llevaban su firma, se le ofrecieron detalles, fechas, nombres, pero no hubo caso. “No recuerdo nada. Han pasado muchos años.”
Quien actuó de secretario, el entonces mayor Rafael Miranda, también está
vivo.
Consultado por este semanario dijo que efectivamente le tocó ser secretario
de varios tribunales de honor en aquellos años, pero sostuvo que de este caso
en particular no recordaba nada concreto, habían sido muchos tribunales, muchas
décadas, los recuerdos se le mezclaban.
Al comenzar a leerle algunos pasajes de la documentación para refrescarle la memoria, interrumpió.
Al comenzar a leerle algunos pasajes de la documentación para refrescarle la memoria, interrumpió.
—¿Pero usted tiene los papeles? Entonces lo tiene todo.
Las sanciones
El comandante en jefe del Ejército, el teniente general Luis V Queirolo,
firmó el 30 de abril de 1979 una resolución que establecía que “de acuerdo a
las conclusiones arribadas con motivo de la información sumaria realizada ante
los hechos (…) se servirá disponer las siguientes medidas disciplinarias”:
Al teniente coronel Ramas, 60 días de arresto riguroso por, entre otros,
los siguientes motivos:
Interrogar a un detenido en una base y no registrar su ingreso a la misma,
ocultando también el operativo.
Dar lugar a que un ciudadano extranjero se presentara en la Jefatura de
Policía de Montevideo y denunciara haber sido privado de su libertad en dos
oportunidades, extorsionado y amenazado de muerte.
Actuar con ligereza, falta de tacto e irresponsabilidad, al llevar a cabo
un procedimiento conjunto que posteriormente dio lugar a que se pusiera en tela
de juicio su honestidad, integridad y lealtad, al verse involucrado con
subalternos y funcionarios policiales.
Agravar su situación por ostentar su calidad de jefe responsable del operativo, comprometiendo a oficiales subalternos y personal superior y subalterno de la Policía.
Agravar su situación por ostentar su calidad de jefe responsable del operativo, comprometiendo a oficiales subalternos y personal superior y subalterno de la Policía.
Al capitán Tabárez, 45 días de arresto riguroso por:
Siendo oficial del Ocoa, tomar parte de un operativo conjuntamente con
personal policial, durante el cual se realizaron detenciones, y actuar con
ligereza y falta de tacto, dando lugar a que un ciudadano extranjero se
presentara en la Jefatura de Policía de Montevideo y denunciara haber sido
privado de su libertad en dos oportunidades, extorsionado y amenazado de
muerte.
Contravenir disposiciones concretas al no registrar el ingreso de un
detenido a una base, siendo oficial de servicio de la misma, motivando que se
intentara ocultar el procedimiento.
Al teniente Ohannessian: 45 días de arresto riguroso por:
Siendo oficial del Ocoa, tomar parte de un operativo conjuntamente con
personal policial, durante el cual se realizaron detenciones, y actuar con
ligereza y falta de tacto, dando lugar a que un ciudadano extranjero se
presentara en la Jefatura de Policía de Montevideo y denunciara haber sido
privado de su libertad en dos oportunidades, extorsionado y amenazado de
muerte.
Ser acusado por funcionarios policiales de habérsele encomendado la tarea
de realizar averiguaciones en bancos de plaza para tramitar una transferencia
de fondos de un detenido, desde el exterior a Montevideo, con la presunta
finalidad de ser distribuido entre el propio detenido y sus captores.
Los tres, además, fueron pasados a Tribunal de Honor.
Fuente: Semanario Brecha
http:lascotidianasdeenrique.blogspot.com
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