martes, 7 de abril de 2015

Delitos de cuello y corbata: Comisión de Constitución analiza cómo mejorar su persecución



En los próximos días, esta instancia procederá a votar las indicaciones presentadas a la norma que transforma la colusión en un delito penal. De hecho mañana 7 de abril, el debate continuará al que han sido invitados diversos actores.
El Ciudadano.cl / Senado - Ayer 12:04

Un intenso debate acerca de la delación compensada realizaron los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en el marco del estudio del articulado del proyecto –iniciado en moción- que sanciona penalmente la colusión, también llamado “delito de cuello y corbata”.

A la norma en primer trámite se le han presentado una serie de indicaciones que podrían comenzar a votarse en una próxima sesión. Hasta ahora, los legisladores han escuchado las impresiones del Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), los dos principales actores relacionados en la persecución de este ilícito.

En ese sentido, el presidente de la citada instancia parlamentaria, el senador Alfonso De Urresti explicó que “existe consenso entre los congresistas acerca de la importancia de reforzar la legislación y dar más atribuciones a la fiscalía”.

En cuanto a las sanciones, el legislador informó que “se establece una norma penal que implica pena de cárcel efectiva donde no se consideran factores como la buena conducta”. Asimismo, comentó que “también habrán sanciones disuasorias en lo económico porque la idea es que no sea un buen negocio coludirse debido a que muchas veces las empresas internalizan esos costos en sus utilidades”.

Al respecto, el senador Alberto Espina –quien es uno de los autores del texto- destacó esta doble sanción (penal y económica). “Ahora la colusión se entenderá como un delito penal no sólo económico, como ocurre en las legislaciones avanzadas (…) La pena podrá llegar hasta 15 años de cárcel y la multa será mucho mayor a la actual”, acotó.

Respecto a quién inicia la acción penal, el parlamentario manifestó que se decidió que fuera la FNE dada su naturaleza y función, dejando la MP la investigación del caso.

El congresista recordó que el delito en sí mismo consiste en el “acuerdo al que llegan distintas empresas para afectar las reglas de la libre competencia, distribuyéndose zonas territoriales con el fin de obtener mayores ganancias, subiendo o bajando precios”.

En cuanto a esta última fórmula, el senador Espina explicó que muchas veces los actores buscan sacar del mercado a los pequeños comerciantes, por lo que deciden  generar rebajas con las que es difícil competir.

DELACIÓN COMPENSADA
Uno de los temas en que se centró la discusión fue la delación compensada. Se entiende por ésta la denuncia o acusación que hace alguien a cambio de la reducción o exención de la multa a la primera persona que habiendo ejecutado una conducta de colusión o prácticas concertadas como colusivas, aporte a la FNE antecedentes que conduzcan a la acreditación de dicha conducta y a la determinación de los responsables.

Esta figura legal tiene su origen práctico en el conocido caso farmacias, donde Farmacias Ahumada hizo uso de este instrumento.

El senador De Urresti valoró esta utilización calificándola como “la llave que permite entender el funcionamiento de estos carteles”. Al respecto, comentó que el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázaval graficó cómo la delación compensada ha ayudado a otras naciones en la persecución de este delito, en particular en cuanto al tratamiento especial que debe darse a este testigo.

El senador Espina también se mostró a favor de esta práctica declarando que “esta confesión ha sido fundamental para esclarecer estos carteles” junto con precisar que “es importante que se esto tenga validez en un juicio porque de lo contrario, nadie va a querer colaborar”.

El debate continuará mañana 7 de abril. A la sesión han sido invitados el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes; el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán; el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irrarázaval; y el Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tomás Menchaca.

Fuente: El Ciudadano / Senado

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