lunes, 6 de abril de 2015

Uruguay a media tabla en facilitar el acceso a información pública




La ley de Acceso a Información Pública cumplirá siete años, pero su funcionamiento todavía enfrenta las reticencias de la burocracia estatal. Así, resulta claro que cuando la información es realmente importante, el Estado se abroquela y se las ingenia para negarla.
El País.com.uy / lun abr 6 2015
Cuando El País solicitó información estadística sobre repetición en escuelas y liceos, las autoridades de la educación pública la negaron. El País acudió a la Justicia y el fallo fue favorable. Fue un mojón. El criterio histórico de ocultar esos datos por institución cayó y el año pasado la información fue publicada. En otros casos, como la información relativa al proyecto minero Aratirí o los protocolos para el funcionamiento del sistema de espionaje denominado El Guardián, los resultados no fueron tan positivos.
Recientemente, en Washington, el Proyecto Mundial de Justicia (The World Justice Project, WJP) presentó su Índice de Gobierno Abierto 2015, el primer esfuerzo para medir la apertura de los gobiernos basado en las experiencias y percepciones de los ciudadanos. Según el índice, el puntaje general de Uruguay lo sitúa en el puesto número 3 de los 19 países de América Latina y el Caribe, en la ubicación número 20 de un total de 31 entre los países de recursos altos, y en la número 21 de una muestra de 102 estados.
Uruguay salió muy bien parado. Sin embargo, el ranking sintetiza la situación del país en cuatro dimensiones. Una de ellas, precisamente, es el acceso a la información, y es allí donde la percepción cae frente al resto.
La dimensión en la que Uruguay obtuvo mejor puntaje fue la de "Participación cívica" (lugar 14 entre 102 países). Donde Uruguay obtuvo más bajo puntaje fue en la de "Derecho a la información" (lugar 38 entre 102 países).
En el derecho a información pública, el ranking mide si se conceden las solicitudes de información en manos de una agencia del gobierno (suponiendo que la información es un registro público). También evalúa si se conceden estas solicitudes en un plazo de tiempo razonable, si la información proporcionada es pertinente y completa, si se evacúan los pedidos de información a un costo razonable, y si se responden los requerimientos sin tener que pagar un soborno.
Esta dimensión también mide si las personas son conscientes del derecho a la información y si los registros pertinentes —como las cifras del presupuesto de los funcionarios del gobierno, los informes del Defensor del Pueblo, así como información relativa a los proyectos de la comunidad— son accesibles a petición.
Alejandro Ponce, uno de los responsables del Proyecto Mundial de Justicia, dijo desde Washington a El País que Uruguay obtuvo una posición muy destacada a nivel general, aunque puntualizó que en materia de acceso a la información, si bien la situación relativa no es grave, es donde la percepción de la gente notó mayor deficiencia.
"En este ranking nos interesa ver la perspectiva del ciudadano común y corriente, del que va y pide información que le resulta importante o que tiene interés general. También nos importa el seguimiento y el nivel de satisfacción del interesado. Uruguay está en América Latina debajo de Chile, Costa Rica y México, y si bien su posición relativa es buena, también es cierto que no todas las solicitudes se conceden", indicó.
Señaló que es el gobierno el que debe proveer mecanismos que funcionen y garanticen el acceso a la información.
Bien ubicado en libertad de expresión ciudadana
En materia de participación cívica, Uruguay se ubicó en el lugar 14 en el ranking global, primero en la región y en el número 14 entre los países de ingresos altos. Allí se mide la posibilidad a nivel personal, grupal o corporativo (incluye prensa, sindicatos, etc.) de expresar opiniones libremente sobre temas políticos, cuestionar al gobierno, libertad para reunirse, etc. En el caso de Uruguay, las opiniones favorables llegaron a prácticamente un 100%. Sin embargo, en "Leyes publicadas y datos del gobierno", Uruguay quedó 28 en el ranking global, 3 en el regional y 25 en el de países de altos ingresos. Esta dimensión mide si las leyes básicas y la información sobre derechos legales están disponibles al público, y la calidad y accesibilidad de los datos publicados por el gobierno en forma impresa o en línea.
Fuente: El País.com.uy
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