El Clarin.cl / Escrito por Leopoldo
Lavín Mujica - Publicado el 07 Marzo
2015
Los casos de
de financiamiento irregular e ilícito de la política por parte de empresas como
Penta y SQM, de tráfico de influencias y de uso de información privilegiada
para especular en transacciones de suelos con CAVAL, han puesto a la sociedad
chilena ante una de esas situaciones que sintetizan y ponen de manifiesto
agudamente, en un momento dado, una crisis sociopolítica de vastas dimensiones
que ya tenía indicadores previos. Se trata entonces de proponer fórmulas
ciudadanas para salir de ella.
Cada vez que
ocurre un hecho disruptivo de esta magnitud, inunda de tal manera la subjetividad
colectiva que absorbe toda la escena. Y esta escena está hoy puesta con
imágenes mediáticas provistas por la misma realidad. Los poderosos dueños de
Penta, esta “máquina de defraudar al fisco”, junto con algunos de sus
mayordomos y cómplices sentados ante el juez y flanqueados por sus abogados,
están siendo acusados por los fiscales defensores del bien público y sus leyes.
Es lo deseable y lo virtuoso. Es posible que sean ejemplarmente castigados. En
otros términos, los poderosos con nombre y apellido y sus cómplices deben
responder ahora ante la justicia por sus delitos. ¿Hará ella bien su trabajo o
se dejará avasallar por los efectos perversos de la institucionalidad
postdictadura que anidados en el parlamento, el aparato financiero y empresarial
y también en los ministerios, actúan como tendencias corruptoras refractarias a
la democracia y al cambio?
Y esto no es
pura apariencia: produce efectivamente un efecto de un antes y un después.
El juicio a
los propietarios de Penta interviene en un momento en que el proceso de
corrupción de las elites —que la literatura científica califica desde el libro
clásico de Edwin Sutherland como “delincuencia de cuello blanco y corbata”(*)—
tendía a naturalizarse en la cima del sistema político chileno con la presencia
de activos agentes empresariales en el financiamiento de campañas y de
favoritismo en el préstamo de dineros con fines especulativos a parientes
directos de la Jefa de Estado. Muchos índices conducen a pensar que no son más
que la punta del Iceberg. Por lo menos así lo piensa una buena fracción de la
ciudadanía. Sabemos que la capacidad de inventar formas sui generis para lucrar
y defraudar al fisco son innumerables entre quienes obedecen ciegamente a la
lógica capitalista. Aunque los “paraísos fiscales” —intocables— siguen siendo
la vía real para el enriquecimiento ilícito de las elites delincuentes
globales. Al respecto, la legislación chilena es insuficiente para controlar
estos feudos del capital financiero mundial de los cuales se benefician empresarios
y políticos chilenos.
El llamado
“Nueragate”, cuyo estallido ocurrió en pleno período estival, fue en su
comienzo un asunto de políticos, periodistas, analistas y medios de
comunicación, pero repentinamente la situación experimentó un cambio
cualitativo al empalmar con la indignación de los ciudadanos. Ésta se expresó a
través de las redes sociales, de uno que otro programa televisivo de denuncia
que cobró alta audiencia y de eventos espectaculares como el Festival de Viña,
donde incluso los cómicos surfearon sobre el humor y la sensibilidad ciudadana
contingente para obtener audiencia y aplausos.
La corrupción
que afecta a las elites empresariales y políticas se transformó en un hecho
político.
No olvidemos
que Pablo Wagner fue el hombre del Holding Penta en el gabinete de Piñera y que
Dávalos Bachelet pudo haber sido el hombre del imperio Luksic en el de su
madre. Y que estos dos últimos no hicieron nada para salvar las apariencias.
Las
desafortunadas declaraciones de ministros de alto rango que intentaron bajarle
el perfil de verdaderos escándalos-delictivos a las repercusiones políticas del
caso Caval, junto con las movidas y jugadas dentro del aparato judicial para
separar los casos Penta y Soquimich demostraron ser incompatibles con el sentir
ciudadano. Éste alcanzó un grado de inteligencia superior y se enfrentó al
interés de los portavoces del Gobierno por tapar y banalizar el llamado
Nueragate. Así fue interpretada la tentativa de distribuir las aristas de Penta
y Soquimich entre diversos fiscales, uno de ellos (Montes) cuestionado por su
vínculo parental con un senador socialista.
Por contra, la
percepción ciudadana conectaba o vinculaba las aristas políticas de Penta y
Soquimich con el caso Caval. Fragmentar los fenómenos de la realidad para
impedir ver en ella las mediaciones y conexiones que construyen un todo
inteligible de origen social es un procedimiento típico de la ideología
dominante y de sus técnicas de control social y de daños. Lo que el interés de
los defensores del orden social, político y económico postdictadura separa y
desune, para manejar y manipular las significaciones simbólicas que surgen de
las interrelaciones de ese mismo orden, la consciencia ciudadana opera uniendo,
articulando recomponiendo y dando sentido.
La palabra
clave aquí es contextualizar o historizar. Es lo que los medios no hacen puesto
que por definición informan sobre la actualidad. Y ésta está anclada en el
flujo incesante de los acontecimientos sociales.
No obstante,
hay momentos como éste, que son de oportunidades para las fuerzas sociales del
cambio, en que los nuevos datos e informaciones se instalan para quedarse y
continúan reverberando como temas obligados para todos, en una perspectiva
abierta y en disputa por darle sentido. El resultado es el contrario del
deseado por quienes quieren que la tempestad pase rápido; para que en el
vértigo del acontecer social y natural, los efectos de crisis del sistema
político, de pérdida de confianza en las instituciones y de rápida erosión de la
legitimidad de las elites de la casta política binominal, se disuelvan sin
dejar trazas en la subjetividad popular.
Entonces, en
vez de calmar el juego con declaraciones del tipo “el peligro es el populismo”
y “hay que salvar las instituciones del sistema político que han garantizado el
crecimiento”, se produce en la subjetividad popular una reactivación del desdén
hacia el establishment político todo y un respiro de dignidad. Se reclaman
justicia ahora y basta de corrupción.
No es sólo la
casta política y el establishment bancario-empresarial que caen bajo sospecha.
El alcance es mayor: es el modelo económico neoliberal que concentra la riqueza
en esos agentes activos (y delincuentes) corruptores junto con las
instituciones políticas que los partidos han tratado de calafatear durante
años, los que son puestos en la mira y bajo el escrutinio de una significativa
fracción ciudadana. Se plantea con fuerza la cuestión de los cambios
estructurales. Aquellos que no se han hecho por la oposición de la misma clase
cuyos representantes y operadores que financian los partidos políticos se
encuentran en el banquillo de los acusados. Situación que bien comprendida,
abre enormes posibilidades a la acción transformadora de los individuos y de
los movimientos sociales.
La situación
de crisis que vive Europa nos presenta situaciones análogas a la situación
chilena. Éstas saltan a la vista y nos enseñan detalles importantes. “Muchos de
los movimientos que han surgido en Europa son claramente de izquierdas que, o
bien nuevos o reciclados de partidos existentes, representan una esperanza de
cambio que está canalizando el gran enfado de las clases populares (que
constituyen la mayoría de la población) en estos países, y que han alcanzado
unos niveles de apoyo popular que los establishments financieros y económicos
que instrumentalizan los poderes políticos y mediáticos de tales países han
considerado alarmantes, tal y como ocurre en España”, escribe Vicenc Navarro.
Y lo que más
ha asustado a estos poderes instituidos es que, lejos de la imagen de los
revolucionarios bolcheviques dispuestos a tomarse el Palacio de Invierno como
en 1917, estos movimientos son movimientos sociales democráticos, que exigen
democracias sociales y reales denunciando el régimen llamado “democrático”
surgido, como en el caso chileno y español de una transición pactada con las
dictaduras pinochetista y franquista a la democracia, por sus enormes
limitaciones y por el abusivo control que se ha hecho de las instituciones
llamadas representativas por parte de aquellos poderes financieros, económicos
y mediáticos.
Tales
movimientos sociales han sido exitosos en Grecia y España en desenmascarar el
discurso político oficial supuestamente democrático, que contrasta tan
claramente con las prácticas que se institucionalizaron en las instituciones
parlamentarias y ministerios. En este contexto, exigir para Chile un proceso
constituyente que apoyado en el poder constituyente del pueblo permita erigir
nuevas instituciones que expresen el sentir y los derechos sociales ciudadanos
es una demanda democrática, legítima y revolucionaria.
Ahora bien, lo
nuevo e interesante; “el después”, lo posible y por hacer está inscrito en la
situación chilena misma y reside en el vínculo inteligible que aparece en la
consciencia colectiva entre instituciones postdictadura en crisis —responsables
en última instancia de la corrupción— y la necesidad, para iniciar un renacer
democrático de Chile, de construir nuevas. El segundo paso es argumentar
incansablemente, en debates públicos y asambleas populares, que esto es posible
y necesario. Lo que obliga a iniciar un proceso constituyente a contrapelo de
los partidos políticos tradicionales impugnados que desemboque en la
convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución
democrática. La iniciativa debe provenir de los movimientos sindicales,
estudiantiles, ambientalistas, de mujeres y otros que pueden pronunciarse y
movilizarse para lograrlo, además de incorporar la nueva demanda compartida: la
lucha contra todas las formas de corrupción de los poderosos que se enseñorea
en el modelo económico neoliberal y en su institucionalidad política.
Fuente: El
Clarín.cl
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