Sudestada.com.uy / 30/07/2014
Los empresarios
procesados en el caso ASSE se presentan como adalides de la rectitud y
honestidad. No fueron a la cárcel y conservan contratos millonarios con el
Estado
“No sólo damos
soluciones, brindamos un concepto conformado por principios básicos de trabajo,
honestidad y responsabilidad”.
Así se presenta
ante sus potenciales clientes la empresa
Mega
(Omega SA),
dirigida por Alejandro Servioli González, procesado por haber coimeado al sindicalista
de la salud, Heber Tejeira, a fin de que éste procurara un rápido pago de parte
del Estado para su empresa y asegurara que la Federación de Funcionarios de
Salud Pública (FFSP) no ingresara en un conflicto que entorpeciera el
funcionamiento de su negocio.
Mega brinda
diversos servicios: seguridad, limpieza y selección de personal para otras
empresas. Se adjudica ser la“proveedora de
personal temporario y servicios líder en el mercado nacional”, por su trabajo en
“frigoríficos,
plantas industriales, supermercados, oficinas, instituciones deportivas,
depósitos, grandes superficies” y naturalmente en
el área de la“salud”
El Estado le ha
pagado a la empresa de Servioli más de 2 millones de dólares en los últimos
tres años. Fue contratada en forma directa para brindar el servicio de limpieza
del hospital de Canelones, y ganó licitaciones para proveer de auxiliares al
hospital Pasteur, servicio de conserjería al hospital de Rivera y de vigilancia
al Saint Bois y al hospital de Rocha, entre otros contratos.
Servioli fue uno de
los que surtía de coimas a Tejeira, alias "Toshiba", quien –según el
fallo judicial–, aprovechándose de su “condición de
representante de los funcionarios de salud pública, encargado de las empresas
tercerizadas, recibió giros o entregas de dinero, de variada cuantía, de
diversas empresas que prestaban servicios tercerizados en distintos centros de
salud pública” en “retribución a la
intervención que lograba” para “acelerar los pagos” o “lograr otro tipo de
beneficios para las referidas empresas, algunas veces, consistente en evitar o
desactivar un conflicto gremial”
Este empresario fue
uno de los que admitió en el juzgado de Crimen Organizado haber pagado a
Tejeira por su intermediación. Ése era el acuerdo que mantenía con “Toshiba” y
por ello terminó procesado por cohecho, al igual que el sindicalista y el resto
de los empresarios coimeros. De acuerdo al Código Penal el funcionario público
que por ejecutar un acto de su empleo “recibe una retribución que no le fuera
debida” incurre en la figura de cohecho,
que se pena con tres meses a tres años de encarcelamiento, multa de 10 a 5 mil
Unidades Reajustables (entre 311 y 155.508 dólares, según los valores actuales)
y la inhabilitación de dos a cuatro años para ocupar cargos públicos.
Pero, a su vez, el
delito es cometido por el que da la retribución, en tanto se entiende que es
una figura de doble vía que compromete al que otorga la dádiva y al que la
recibe en el marco de tal acuerdo ilícito.
La “concusión” y
una entrevista al experto que coimeaba
Otras perlas de los
empresarios procesados
La nulidad de los
contratos que no se quiere ver
Leé el dictamen del
juez del Crimen Organizado
Silva: “Yo asesoré
en los derechos y obligaciones de los trabajadores”
Fuente: Sudestada.com.uy
http://lascotidianasdeenrique.blogspot.com



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